Enrique Santiago destaca que lo “más importante” de la reciente resolución de la Corte de Justicia es que “desestima las alegaciones de Israel y deja abierta la causa por genocidio”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y responsable de temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, la destacado hoy que lo “más importante” de la resolución hecha pública la semana pasada por la Corte Internacional de Justicia sobre la posibilidad de que el régimen israelí esté cometiendo un delito de genocidio contra el pueblo palestino es que “ha desestimado las alegaciones de Israel para archivar la causa y ha ordenado que continúe el procedimiento”.

“Es decir -explicó-, en estos momentos hay un procedimiento de investigación abierto ante la Corte Internacional de Justicia, que ha declarado que hay indicios más que suficientes para llevar adelante esa investigación por genocidio”.

Santiago hizo estas declaraciones esta mañana durante su intervención en el acto ‘Avanzar con derechos’ organizado en sede parlamentaria por el grupo de Sumar junto a la revista de debate político ‘Nuestra Bandera’ con motivo del 75 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el encuentro, presentado por el miembro del Consejo de Redacción de ‘Nuestra Bandera’, Mauricio Valiente, han participado también la eurodiputada de The Left María Eugenia Rodríguez Palop; la directora de CEAR, Estrella Galán, y el profesor de la UC3M, Rafael Escudero.

El diputado de Izquierda Unida reconoció sobre la resolución del tribunal con sede en La Haya que “nos habría gustado que hubiera ido más allá en cuanto a las medidas cautelares y que hubiera tenido mayor concreción para no dejar ningún margen a Israel a la hora de incumplir esas órdenes que les ha dado la Corte”.

No obstante, mostró su “satisfacción” ante la posibilidad de que si, finalmente, “se obtiene una sentencia favorable, será la primera vez que esta Corte establece una relación directa, una responsabilidad directa sobre el delito de genocidio”.

“Hasta ahora -aclaró- sus pronunciamientos sobre delitos de genocidio han declarado solo responsabilidades de Estado de forma indirecta por los sucesos de Yugoslavia, las sucesivas guerras civiles y enfrentamientos allí, pero hasta ahora no ha establecido la responsabilidad directa de un Estado con la perpetración de un genocidio”.

Durante su primera intervención, Enrique Santiago recordó a los asistentes al acto un hecho importante que conecta muy directamente el tema que se trataba -la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el ejercicio de la jurisdicción universal, en la que España fue un Estado pionero- con los brutales crímenes del régimen israelí, que han supuesto ya el asesinato de más de 25.000 personas en menos de cuatro meses.

Explicó que la que denominó como “la ‘época dorada’ del Poder Judicial español, cuando ha tenido más prestigio ante la comunidad internacional” coincidió con el ejercicio de la jurisdicción internacional “que comenzó con las querellas interpuestas por las organizaciones de víctimas de las dictaduras argentina y chilena en 1996” y que tuvo su “punto más álgido en 1998, con la detención de Pinochet en Londres y la detención en España del capitán de navío argentino, luego juzgado y condenado a más de mil años Adolfo Scilingo”.

El diputado de Sumar explicó que a raíz de la detención de Pinochet en Londres “comenzó toda la ofensiva para limitar el ejercicio de la jurisdicción universal”. Primero ocurrió en Bélgica, en 2003, “uno de los Estados junto a España más activos en perseguir los crímenes de las dictaduras militares chilena y argentina, después de que se iniciaran aquí las actuaciones judiciales”.

“Pero lo más frustrante fue en 2009 -destacó al llegar a la parte que conecta claramente con la actualidad-, cuando la ministra de Asuntos Exteriores de Israel, la señora Tzipi Livni, nos ilustró a todos los españoles y españolas, y nos anunció que el Gobierno español nos iba a limitar la ley”. Esto ocurrió, “ante el estupor del ministro Miguel Ángel Moratinos que, sin duda debería haberlo hablado, porque la señora adivina no debía ser, pero no debía estar previsto que nos lo anunciaran”.

Y, tras el planteamiento, el desenlace: “se inició, efectivamente, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ese año 2009 en cuanto a jurisdicción universal. Limitó, no acabó con su ejercicio, pero sí la limitó y, curiosamente, fue con un procedimiento que se seguía en la Audiencia Nacional por asesinatos selectivos del Ejército de Israel en Gaza”.

Ante la repetición cada vez más frecuente a día de hoy de actuaciones como ésta, Enrique Santiago valoró que “frente a la ola reaccionaria que vivimos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, sin duda alguna, el mejor antídoto para conjurarla y frenarla”.

Subrayó que sus contenidos “procuran y garantizan seguridad a todas las personas: seguridad humana, seguridad para su desarrollo, seguridad para garantizar sus derechos, para tener una vida digna”.

También para “garantizar los derechos de primera generación que el Estado no puede restringir pero, a su vez, para esos derechos de segunda generación positivos que el Estado debe garantizar: desarrollo económico, desarrollo social e, incluso, los de tercera generación, tan fundamentales como el de solidaridad o la generalización de derechos para toda la humanidad”.