Unidas Podemos mejora la Ley de Movilidad Sostenible: blindaje al transporte público, seguridad en el transporte y objetivos de descarbonización

30.03.2023. Se trata de un trabajo conjunto con colectivos sociales – taxistas, pilotos, controladores aéreos, maquinistas, bomberos aeronáuticos y otros trabajadores del transporte junto con diversas organizaciones sindicales, ecologistas y profesionales- que busca una «movilidad justa, asequible y regulada» que se contemple «como un derecho».

El texto, registrado este miércoles, destaca la defensa del transporte público con medidas concretas. Por ejemplo, en caso de observarse una baja demanda en servicios de transporte público, la administración deberá analizar los motivos con el objetivo de revertir la situación en lugar de eliminarlos. Asimismo, incluye y define «nuevas realidades», como servicios de vehículos de uso público sin conductor, cuya prestación será competencia de las administraciones locales, o la pobreza en el transporte, para lo que se propone la creación de un bono social de movilidad para colectivos vulnerables.

En ese sentido, recuerda el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral, «para poder garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía es necesario un sistema público de transporte que al mismo tiempo tenga estándares de calidad que garanticen los derechos de los usuarios y los derechos de los trabajadores como un elemento fundamental».

De ahí que las enmiendas contemplen, entre otras, la creación de aplicaciones al servicio de los usuarios, no discriminatorias y gestionadas por las administraciones, que garanticen el acceso a las alternativas de movilidad pública, como los autobuses, trenes o taxis, con sistemas integrados de información y venta.

Para combatir la ‘uberización’ del transporte, se incluyen garantías para la transparencia y estabilidad de las tarifas de transporte, incluidas las que se establecen mediante algoritmos, así como las tarifas reguladas en los servicios de titularidad pública y las obligaciones de servicio público a las empresas privadas para conseguir que garanticen el derecho a la movilidad de la población.

Por eso, el grupo confederal busca blindar la autonomía municipal y de las entidades metropolitanas competentes a la hora de ordenar el tráfico y otorgar las licencias, autorizaciones y restricciones de circulación de los vehículos que ocupen sus calles, en la línea de los recursos de inconstitucionalidad presentados a las leyes ‘Uber’ de Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla.

Descarbonización y fomento del transporte ferroviario

En el texto, el grupo incluye objetivos de descarbonización concretos, así como el impulso al transporte ferroviario, con el fin de conseguir la neutralidad climática del sistema del transporte público antes de 2050. Por ejemplo, se establece un objetivo de emisiones de CO2 del -100% para camiones de transporte de mercancías a alcanzar en el menor plazo posible antes de 2035 o el establecimiento de un estándar de cero emisiones de gases de efecto invernadero en los atraques en los puertos -entre otras-.

En opinión del diputado de UP y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, «el sector de transporte en España va con mucho retraso en materia de reducción de emisiones, a pesar de suponer casi el 30 % de las mismas».

«Por ello», apunta, «es imprescindible que la ley de movilidad sostenible incorpore la lucha contra el cambio climático como eje prioritario, y que lo cuantifique con objetivos claros, como hemos incluido en nuestras enmiendas».

«Proponemos el apoyo al transporte de mercancías por ferrocarril o la supresión de vuelos cortos o cuando hay alternativas de bajas emisiones«, añade el diputado, «para lo que es imprescindible fomentar el transporte por ferrocarril, aumentando las líneas de media distancia».

Seguridad en el transporte y garantía de indemnidad para los trabajadores

Para garantizar la seguridad en el transporte, el texto recoge la necesidad de involucrar a los trabajadores que operan en el sector para que puedan «informar sobre acciones u omisiones que pudieran poner en riesgo la seguridad», así como en la toma de decisiones sobre la movilidad del medio de transporte cuando aprecien riesgos, garantizando su indemnidad frente a posibles represalias del empleador, salvo en casos de dolo o negligencia grave, con el objeto de evitar abusos como los sufridos por los tres pilotos despedidos de manera improcedente por la compañía Canair tras negarse a volar en el espacio aéreo afectado por cenizas volcánicas durante la erupción del Cumbre Vieja, en La Palma.

Bomberos aeroportuarios y torres de control

Unidas Podemos recoge también el reconocimiento de carácter público y de agentes de la autoridad de los bomberos aeronáuticos, lo que mejoraría la seguridad de los aeropuertos, y reclama que las torres de control de estos espacios, con carácter estratégico y esencial, mantengan su carácter público. Asimismo, pide que las que fueron privatizadas vuelvan a ser públicas una vez terminen sus contratos.