Reactivo anuncio PP sobre el diseño de política energética: cualquier pacto energético debe incluir el abandono de las energías sucias y el incentivo a las renovables
La derogación del impuesto al sol, el abandono progresivo de la energía nuclear y la prohibición del fracking son demandas que representan a la mayoría de los votantes y deben incluirse en cualquier pacto de energía. El cierre de las térmicas de carbón y un plan de cierre justo para las cuencas mineras deben incluirse en el pacto para asegurar el cumplimiento de las normativas europeas y del Acuerdo de París
El PP ha anunciado que diseñará una estrategia energética a medio y largo plazo a la que pretende que se sumen PSOE, Ciudadanos y PNV. Greenpeace recuerda a todos estos partidos que los ejes imprescindibles de cualquier pacto en materia de energía deben incluir el aumento de la participación de las energías renovables, la prohibición del fracking, la derogación del impuesto al sol, el abandono gradual de la energía nuclear y la sustitución progresiva de las centrales de carbón y del resto de los combustibles fósiles.
«Cualquier partido que pretenda apoyar o diseñar un posible pacto de estado en materia de energía tendrá que tener en cuenta lo que votó la mayoría en las pasadas elecciones del 26J», ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Greenpeace analizó los programas de los cuatro partidos principales para las elecciones del pasado domingo y Ciudadanos, PSOE e Unidos Podemos, que en conjunto representan a la mayoría absoluta, coincidían en sus programas con la derogación del impuesto al sol y la prohibición del fracking, ambas cuestiones a las que además se han comprometido por escrito. El abandono progresivo de la energía nuclear, empezando por el desmantelamiento de Garoña, y la reducción de emisiones de CO2 también eran puntos en común en sus programas.
La organización ecologista exige además que cualquier pacto en materia de energía tenga en sus prioridades el cumplimiento del Acuerdo internacional del clima de París y exige al nuevo Gobierno la ratificación urgente de dicho acuerdo.
Greenpeace considera no sólo positivo sino inevitable que las renovables pasen a considerarse como principal eje en el que se basará el sistema eléctrico. Sin embargo no considera apropiado ni justo que tan sólo las renovables tengan que quedar sin ninguna ayuda cuando todas las fuentes sucias de energía aún perciben subvenciones encubiertas como los incentivos a la inversión, los pagos por disponibilidad o se les permite no hacerse cargo de todos sus costes sociales y ambientales.
Para Greenpeace, la entrada de energías renovables no debe ser solo mediante sistema de subastas, sino que se deben eliminar todas las barreras que actualmente impiden la participación de la ciudadanía en la transición energética; es necesario garantizar el derecho de todos a consumir, producir y gestionar energía renovable.
Greenpeace recuerda también que la estrategia energética a corto y medio plazo para España tiene que incluir un plan para la transición justa y empleos sostenibles en las cuencas mineras de carbón, pues todas las minas de carbón han de estar cerradas en menos de dos años según la Decisión del Consejo Europeo del año 2010.
“Decir que sólo operarán las térmicas de carbón que cumplan con los límites de emisión es una obviedad, pero es imprescindible asegurar que no se darán subvenciones ni bonificaciones a las empresas propietarias para ese cumplimiento. Además debe definirse el plan de cierre de todas las térmicas de carbón, como ya han hecho o acordado otros países como Austria, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Reino Unido o Finlandia”, ha añadido la portavoz de Greenpeace.
Actualmente 15 de las 18 térmicas de carbón que hay en España operan bajo el Plan Nacional Transitorio (PNT), que es una excepción legal que permite superar las emisiones contaminantes hasta el año 2020, para entonces todas las que no hayan realizado las obras para sus modernizaciones y cumplimiento de los límites de emisión deberán cerrar. Dicho PNT fue aprobado en Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 6 de marzo y sin embargo todavía no ha sido aprobado en el Consejo de Ministros. En consecuencia, el cumplimiento de los límites de emisiones de las térmicas en este país se encuentra en una situación de “limbo legal”. Por ello Greenpeace exige al Gobierno en funciones la aprobación urgente del PNT y su inclusión en cualquier pacto que se acuerde sobre energía.