La nueva Ley contra el fraude fiscal no aumenta las competencias de los técnicos de Hacienda, que además denuncian que la mitad de la deuda será «difícil de recuperar»

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que casi la mitad de los morosos que aparecen en la lista publicada este lunes por la Agencia Tributaria se encuentran inmersos en procedimientos concursales, por lo que han alertado de que buena parte de los más de 7.000 millones que adeudan serán de «difícil cobro». Este lunes, la Agencia Tributaria ha hecho público el número y nombres de morosos que adeudaban más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2020, cuando se alcanzó el total de 3.869 deudores, un 1,6% menos que un año antes, que acumulaban una mora de 14.100 millones de euros, un 1% menos.

Gestha opina que la de morosos se trata básicamente de una lista de «desahuciados» de los que buena parte «nunca pagarán sus deudas». Y es que, tal y como hicieron tras la publicación de las anteriores ediciones, los técnicos declaran que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro.

Por otra parte, Gestha señala que será difícil mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias pendientes, que ascendió a 42.770 millones en 2019, y habrá aumentado en 2020 por la situación económica derivada de las medidas restrictivas para atajar la pandemia de la Covid-19. Y para mejorar el cobro de las deudas pendientes, Gestha piensa que se deben reponer las competencias de los técnicos en las jefaturas de las unidades de recaudación, así como aumentar la exigencia de sus responsabilidades.

Asimismo, los técnicos explican que en este listado «se confunde a los defraudadores con simples deudores«, puesto que no se señala el origen de la deuda, y que si bien se producen unas cancelaciones por el pago de las deudas, otras simplemente se declaran fallidas. Por ello, piden al Gobierno que detalle la cuantía de la deuda cancelada por insolvencia definitiva de los deudores. En este marco, Gestha apunta que la nueva ley contra el fraude fiscal rebajará la cifra para entrar en la lista hasta los 600.000 euros, por lo que prevé que el listado aumente de cara a próximos ejercicios.

Administradores que sean declarados responsables

En paralelo, los técnicos ven adecuado que, por primera vez, vaya a incluirse a los administradores que sean declarados responsables solidarios de la deuda contraída por las empresas. Esto servirá, según los Técnicos, para que aquellos responsables con cierta relevancia y capacidad de pago reduzcan sus deudas pendientes de cobro, lo que les dejaría fuera de esta lista e incrementaría los ingresos cobrados por Hacienda.

«Conviene recordar que, en España, la ‘factura’ del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar para mantener los gastos públicos tapando el agujero que cometen los defraudadores», ha denunciado el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.

Carlos Cruzado: “se deben concentrar esfuerzos en el control de los contribuyentes con grandes patrimonios, así como en sus entornos societarios y familiares”

La AEAT dirige sus esfuerzos de control en el IRPF, que soporta el 75% de las actuaciones selectivas y extensivas, con una deuda media de 980 euros por contribuyente. Le sigue el control del IVA con un 25% de las actuaciones de Gestión e Inspección tributaria y Aduanera, descubriéndose una deuda media de 9.300 euros. Las actuaciones sobre contribuyentes en Módulos suponen el 14% a los que se les detecta un incumplimiento medio de 667 euros.

La nueva Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal defrauda a sus Técnicos

Los técnicos de Gestha manifiestan su rechazo a que la ley aprobada el pasado mes de junio no logra un aumento de sus competencias y responsabilidades, un aspecto clave para reducir la economía sumergida. A pesar de que se contó con su participación para la elaboración de la misma durante más de dos años, a los técnicos les parece decepcionante que el grupo parlamentario socialista se opusiese en el Congreso y se abstuviese en el Senado, posteriormente, a la aprobación de  medidas fundamentales planteadas desde Gestha y aprobadas finalmente; La primera, delimitaría la economía sumergida española que ronda entre el 22 y el 24% del PIB, según el último informe del FMI, lo que significa que unos 38.000 millones se evaporan por el diferencial de economía sumergida sobre el 16% medio en la UE, por lo que las cuentas públicas españolas se resienten y dejan el gasto público en protección social muy alejado de la media europea.

Cruzado ya criticó en un artículo de opinión publicado poco después de la aprobación de la nueva ley que otra de las medidas por las que los técnicos apostaban quedó en el camino: El aumento de la colaboración entre administraciones tributarias, su transparencia y el incremento de la prescripción tributaria a 5 y 10 años para equipararla a la prescripción de los delitos fiscales y delitos fiscales agravados, y la concreción de la baja tributación para considerar una jurisdicción no cooperante, que los técnicos de Hacienda situaban en el mínimo del 15% que se está consensuando a nivel global. La limitación de competencias y responsabilidades para los técnicos de Hacienda tiene serios perjuicios. Por ejemplo, los 42.770 millones de deudas tributarias pendientes en 2019, cifra que habrá aumentado en 2020 por la situación económica y moratorias del COVID, así como el desplome del 82% en las denuncias a la Fiscalía de delitos fiscales y del 72% en las cuotas delictivas descubiertas, básicamente por la limitación de las competencias de los técnicos.

*Con información de Agencias.