IU pide la comparecencia del presidente del CGPJ ante las «supuestas irregularidades» en la adjudicación de una plaza de fiscal a la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo

Lunes, 30 de julio 2018.

IU ha registrado una petición de comparecencia del presidente del CGPJ en el Congreso sobre la información denunciada por las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia, referida a las supuestas irregularidades que se habrían acometido en el proceso de acceso a la plaza del fiscal por parte de Sofía Marchena Perea, hija de Manuel Marchena, quien presidía entonces –y sigue presidiendo– la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La hija del magistrado del Supremo eligió voluntariamente en 2016 la carrera judicial, en lugar de la carrera fiscal, para la que había plazas vacantes en aquel momento. Dos años después, llama la atención que haya optado por la carrera fiscal, para la que se creó la plaza extra adjudicada a ella.

IU entiende que, al decantarse por la carrera judicial, debería haberse examinado de nuevo, como es la praxis habitual para las miles de personas que se examinan cada año para las plazas del sistema público. De confirmarse los hechos denunciados, no habría optado así a esta plaza en igualdad de condiciones respecto al resto de opositores a la carrera fiscal, sino con ciertos privilegios según los indicios conocidos hasta ahora. Además, el proceso incurre en una modificación de arbitraria de la oferta de plazas de fiscales para 2018, que era de 35 y no 36.

Otro de los graves hechos ha sido la modificación de la nota de Sofía Marchena Parea: aprobó la oposición en 2016 con una nota de 68,20, pero en el listado publicado en el BOE del 25 de julio de 2018 su nota es de 52,31.

Por todo ello, el coordinador general y portavoz de IU en el Congreso, Alberto Garzón, exige que el Gobierno dé a conocer “las razones por las cuales se asignó una nota distinta a la aspirante Sofía Marchena Parea, así como las razones por las que se decidió crear una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria”. Además, desde IU se solicita información sobre en qué soporte legal se ampara la creación de esa plaza adicional.

Junto a estas demandas, IU plantea una batería de cuestiones a esclarecer: ¿Dónde está esta autorización?, ¿de qué partida presupuestaria se acordó extraer la dotación de fondos adicionales que ello habría conllevado, así como su cambio de destino o uso, y dónde consta documentados?, ¿cuáles son la fecha y los acuerdos por los que el Ministerio de Justicia autorizó la transformación de una plaza inicialmente prevista para jueces en una plaza para fiscales? Por último, la organización emplaza al Ministerio de Justicia a investigar y esclarecer si con esta actuación se perjudicó a algún otro aspirante a juez o fiscal.

Frente a esta opacidad, Izquierda Unida apuesta por esclarecer estos hechos, que ponen en cuestión la transparencia y la profesionalidad del Poder Judicial y exige responsabilidades en el caso de que se certifique que hubo irregularidades, como denuncian las asociaciones de jueces. El poder judicial debe dar ejemplo de transparencia y honradez en el acceso a las carreras públicas.