EQUO propone a la Junta andaluza la creación de un fondo ambiental para reducir el consumo de bolsas de plástico

EQUO Andalucía ha presentado esta semana sus alegaciones al actual Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, que se encuentra en periodo de consulta pública para aportaciones y sugerencias y cuya aprobación lleva retrasando el Gobierno central cerca de un año.

Así, mientras países como Francia, Países Bajos o Italia prohibieron hace más de un año en los dos primeros casos, y desde 2011 en el último, la fabricación y distribución de bolsas de plástico de un solo uso y han puesto en marcha un sistema de control dirigido por un organismo inspector, en España “el Gobierno del PP aún no ha hecho los deberes y sigue retrasando la aprobación de un proyecto que tenía que estar vigente desde finales del año 2016, y que además cada vez es menos ambicioso respecto a los objetivos de reducción del consumo de bolsas de plástico, con el consiguiente agravamiento del problema generado por los residuos derivados de su consumo”, según critican desde la formación.

Entre las propuestas de EQUO Andalucía al Proyecto de Real Decreto para que de manera urgente el Gobierno adopte las medidas necesarias para reducir el consumo de bolsas de plástico se encuentran, según ha detallado el coportavoz andaluz, Francisco Sánchez Molina, “un adelanto del calendario para aplicar las medidas dirigidas a prohibir la distribución de bolsas de plástico en los puntos de venta a consumidores; llevar a cabo campañas de información y sensibilización permanentes a la ciudadanía y a los consumidores; la obligación de que las Administraciones en sus distintos niveles de competencia adopten planes de prevención con objetivos ambiciosos de reducción del consumo de bolsas de plástico; o la aplicación de medidas que promuevan la economía circular y el empleo verde en campos como el etiquetado, la fabricación de envases no contaminantes, etc”.

El partido verde reclama además a la Consejería de Medio Ambiente que informe a la ciudadanía sobre el destino del impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía. Dicho impuesto está en vigor en Andalucía desde el 1 de mayo de 2011 y sus contribuyentes son los titulares de establecimientos que suministran las bolsas de un solo uso a los consumidores, que al mismo tiempo también están abonando un precio por dichas bolsas. Este impuesto es de cinco céntimos de euros por cada bolsa de plástico de un solo uso suministrada, y en 2018 y posteriores ejercicios será de 10 céntimos de euro por cada bolsa de plástico. De acuerdo con la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, por la que se creó, se indica que los contribuyentes, en este caso los titulares de los establecimientos comerciales, repercutirán el importe total del impuesto a los consumidores, quedando estos obligados a soportarlos.

Por todo ello, tal y como ha indicado la también coportavoz y parlamentaria, Carmen Molina, “reclamamos a la Junta que dé explicaciones sobre la cantidad recaudada por este concepto desde su entrada en vigor en 2011 y que lo destine a la creación de un fondo medioambiental que mitigue los efectos negativos que provoca el consumo de bolsas de plástico en Andalucía, utilizándolo para financiar campañas de sensibilización y concienciación entre la ciudadanía, para implantar los planes de prevención, promover la fabricación de envases no contaminantes y mejorar la gestión de los residuos en general, abaratando sus costes, reduciendo su depósito en los vertederos y mejorando el estado de nuestras costas”.

Según datos del sector, en España se pusieron en el mercado, en el año 2014, unas 62.560 toneladas de bolsas de plástico de las denominadas ligeras (de espesor menor de 50 micras), de las cuales un 23% serían bolsas muy ligeras, de menos de 15 micras. Este tipo de bolsas son difícilmente reciclables y terminan en vertederos, mares y océanos aumentando el grave problema de los residuos plásticos en las basuras marinas, de las que casi el 80% son residuos plásticos, que no se degradan y se acumulan en la cadena alimenticia, provocando daños en nuestros ecosistemas y en las especies marinas, y graves riesgos para la salud humana.