Unidos Podemos pide al Gobierno que incluya la protección de los defensores de derechos humanos en sus relaciones bilaterales con Colombia

Ante la ola de violencia que se está produciendo en Colombia contra los defensores y defensoras de Derechos Humanos desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, a iniciativa del diputado Juantxo López de Uralde, ha presentado una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a incluir la protección de los defensores de derechos humanos en sus relaciones bilaterales con Colombia.

Entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año, 311 líderes y lideresas han sido asesinados, según la Defensoría del Pueblo colombiana, que ha alertado de que “Colombia enfrenta una grave crisis de Derechos Humanos” y que “el conflicto armado se recrudece ante los ojos inertes del Gobierno saliente y el silencio cómplice del Gobierno electo”.

En la misma línea, Amnistía Internacional (AI) asegura que “la violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza un carácter generalizado y constituye en una vulneración masiva de los derechos”. Para esta organización “es altamente preocupante la poca información y respuesta de las autoridades colombianas de todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección”.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la ONG, señala que “los principales afectados son personas que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado”, y que muchos asesinatos tienen causas de fondo ecológicas: ”Les asesinan por promover la sustitución de cultivos ilícitos; por oponerse a que sigan devastando la Naturaleza con la minería ilegal; por pretender recuperar fincas que arrebataron a la fuerza a sus legítimos propietarios y propietarias; por denunciar corrupción de un político local que permite devastación ecológica.

Ante esta situación AI ha pedido a las autoridades colombianas que investiguen estos homicidios y protejan a los líderes y lideresas comunitarios. El 13 de julio la ciudadanía colombiana también se manifestó en varias ciudades pidiendo justicia para los asesinados y por la vida de quienes, pese a las amenazas, continúan defendiendo los derechos de sus comunidades.

Para el coportavoz de EQUO y diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, “la comunidad internacional no puede seguir mirando para otro lado ante el asesinato sistemático de activistas de derechos humanos, ecologistas o líderes indígenas en Colombia. Se trata de una eliminación planificada y terrible de los movimientos sociales, por lo pedimos al Gobierno español que haga oír su voz en defensa de los derechos humanos y de la vida de tantos activistas”.

Por todo ello, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pide al Gobierno:

1.- Trabajar para garantizar que en todos los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en Colombia, y especialmente en los que participen empresas españolas o hayan sido financiados con fondos públicos o privados españoles, se cumple con los estándares internacionales en sobre impacto ambiental, especialmente con el derecho a consulta recogido en el Convenio 169 de la OIT.

2.- Promover la evaluación de los acuerdos comerciales establecidos entre España (ya sean bilaterales o través de la Unión Europea) y Colombia con el objetivo de asegurar que promueven un modelo de desarrollo justo, equitativo y sostenible y que no contribuye a generar situaciones de impunidad en la violación de los derechos humanos de los y las defensoras del medioambiente y las comunidades indígenas.

3.- Llevar a cabo acciones de cooperación para el desarrollo en, entre otros, los siguientes ámbitos:1) el fortalecimiento de la sociedad civil colombiana, especialmente de las organizaciones ecologistas, feministas y defensoras de los derechos humanos; 2) las políticas de desarrollo rural, especialmente las propuestas de reforma agraria, de acceso a la tierra y de recuperación de tierras.