APDHA denuncia la apertura “en silencio” de una “cárcel racista” en Málaga
La apertura de un nuevo CATE incumple el acuerdo unánime del pleno. La organización critica la elección del procedimiento de emergencia cuando las obras estaban proyectadas el año anterior.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado la apertura “en silencio” de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Málaga que se inauguró la madrugada de ayer con la llegada de 23 menores, 10 mujeres y 99 hombres, según el informe de Cruz Roja Málaga. Las personas migrantes viajaban a bordo de dos pateras y fueron rescatadas por Salvamento Marítimo en las costas del mar de Alborán. Este centro constituye en la práctica, a juicio de la organización, “una cárcel racista en la que no se acoge sino que se detiene a personas cuyo único delito es ser extranjeras”.
APDHA explica que se trata de “una extensión de los calabozos gestionados por personal policial”. Al tratarse de una comisaría, dependiente de la Dirección General de Policía, apuntan desde la delegación malagueña, el plazo máximo legal de detención es de 72 horas a efectos de identificación, antes de que la persona sea deportada o puesta en libertad con o sin orden de devolución.
“En ningún caso es una infraestructura de acogida, sino de detención, no son instalaciones adecuadas para personas recién rescatadas, en numerosos casos supervivientes de naufragios en los que han visto morir a los suyos. Sus instalaciones no están preparadas para atender su situación de vulnerabilidad, ni para alojar de forma digna a personas”, advierten desde APDHA, que denuncia que “han sido diseñadas y ejecutadas con la única finalidad de detener masivamente y criminalizar a quienes migran, sin respetar sus derechos fundamentales”.
“Polideportivos, instalaciones abandonadas en el propio puerto e, incluso, casetas de feria han sido utilizados como centros de detención improvisados en Andalucía”, mencionan desde el colectivo malagueño. En la actualidad existen cuatro CATE: uno en San Roque (Cádiz), otro en Almería, un tercero en Cartagena (Murcia) y un cuarto, que ha comenzado a ser remodelado en Motril (Granada).
Asimismo, APDHA recuerda que la apertura de un nuevo CATE en Málaga incumple el acuerdo plenario alcanzado unánimemente, por todos los grupos municipales, el 26 de febrero de 2015. La Comisión de Pleno del Ayuntamiento de Málaga, en su acta n°4/15, acordó dictaminar favorablemente por unanimidad de los miembros y hacer institucional “su rechazo a que, en un futuro, se instale en su término municipal cualquier tipo de edificio o instalación pública – ya sea bajo la denominación de Centro de Internamiento de Extranjeros, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, Centros de Estancia Temporal o cualquier otra que se pueda utilizar- que tenga como objetivo la privación de libertad e internamiento de personas inmigrantes por el simple hecho de su situación administrativa.”
Por otra parte, desde APDHA también critican el procedimiento de licitación de estos centros. “Se construyen -afirman- por el procedimiento de emergencia por lo que se oscurece totalmente el procedimiento de adjudicación de las obras”. Desde la asociación se preguntan cómo es posible que unas obras que llevan proyectadas desde el año anterior se liciten el pasado mes de abril por tramitación de emergencia cuando, según el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público “solo es posible acudir a este procedimiento de contratación de manera excepcional, esto es, cuando hay que realizar una obra de manera inmediata”[2].
El nuevo centro de detención “es un espacio cedido por el propio Puerto de Málaga a la Delegación del Gobierno Central, de unos 2.500 m2 (¼ de un campo de fútbol) en el que hay prevista una ocupación de 300 personas en unos cinco módulos independientes prefabricados. Cuatro de ellos para estancias de migrantes y uno para los servicios asistenciales y policiales”.
Algunos módulos solo disponen de un inodoro para cada 22 personas, no hay previsto espacio de comedor o recreo y contará con tan sólo 2,3 metros cuadrados de espacio de media por persona durante el encierro: “menos de lo que está establecido para una celda en un centro penitenciario. Esto supone un empeoramiento de las condiciones de confinamiento” denuncian desde la asociación.
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