IU impulsa una iniciativa para que Economía y Exteriores expliquen por qué empresas españolas siguen lucrándose en zonas palestinas ocupadas por Israel en contra de la legislación internacional

Viernes, 30 de agosto 2024

Izquierda Unida ha impulsado hoy una iniciativa a través de su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, y su también diputado Fèlix Alonso a través del Grupo Plurinacional Sumar para que los máximos responsables en materia de Economía y Exteriores del Gobierno se pronuncien de forma parlamentaria y pública sobre la situación que mantienen varias empresas españolas que siguen haciendo negocio en los territorios palestinos ocupados por Israel en Cisjordania y a pesar del genocidio del régimen israelí contra el pueblo palestino en Gaza desde hace más de 10 meses, con el asesinato de, al menos,  más de 40.500 personas, la inmensa mayoría población civil.

De esta forma, Santiago y Alonso reclaman a los responsables de los departamentos citados que se pronuncien sobre si son “conscientes” de que España “incumple la directiva europea de diligencia debida cuando premia y/o apoya a empresas como CAF, SEMI (…) u otras que participan en proyectos para la ilegal colonización israelí de territorios ocupados en Cisjordania”.

Los diputados de Izquierda Unida explican que la Administración española “oficialmente” fomenta “las líneas directrices de la OCDE sobre multinacionales y apoya la directiva europea de diligencia debida, que establece el deber de la empresa de prevenir, mitigar, corregir y reparar los efectos adversos en el medioambiente y en los derechos humanos resultantes de sus operaciones, de las de sus filiales y de las operaciones en su cadena de actividades”.

“A pesar de todo ello -añaden-, sigue apoyando a empresas como CAF o SEMI, presentándolas como punteras y brindándoles oportunidades en forma de contactos y visibilidad”.

Izquierda Unida destaca que no son solo estas dos compañías las que operan de esta manera, saltándose la legalidad internacional, sino que “el Centro de Investigación ‘Who Profits’ ha revelado recientemente que otras cuatro empresas españolas -GMV, Ineco, Salvat Logística y eDreams- operan también en territorios ocupados de Palestina, estando también mayoritariamente vinculadas con el desarrollo ferroviario israelí”.

La iniciativa parlamentaria destaca que con estas seis compañías “España se convierte en el tercer país europeo con un mayor número de empresas que se lucran con actividades desarrolladas en estos territorios, solo por detrás de Alemania e Italia”.

Ante esta situación, Enrique Santiago y Fèlix Alonso interrogan a los responsables competentes del Ejecutivo sobre “qué medidas van a tomar para acabar con el apoyo o para sancionar a empresas como las mencionadas que se lucran con proyectos de apoyo a la ilegal colonización israelí en Cisjordania y para impedir que puedan formar parte de licitaciones, compras públicas y tener subvenciones”.

De la misma forma, plantean si se va a informar oficialmente a la empresa CAF de que “a la vista de lo establecido en los artículos 608, 611.5 y 613.1.h del Código Penal español, en relación con el artículo 23.4.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los directivos y empleados de CAF que participen en dicho proyecto además de estar cometiendo un delito contra los bienes y las personas protegidas en caso de conflicto armado podrán ser perseguidos en los tribunales españoles por dicho delito”.

“¿Pondrá en marcha el Gobierno los mecanismos y acciones necesarias para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie acciones penales contra los directivos y empleados de CAF que participen en dicho proyecto”, se pregunta también en la iniciativa sobre esta cuestión.

Trabajadores, ayuntamientos y diversas asociaciones se unieron en su momento para reclamar a la dirección de la empresa CAF que desistiera de este proyecto. De hecho, relevantes empresas del sector como Alsthom o Bombardier se retiraron de la licitación para evitar problemas legales y daños en su imagen corporativa.

La iniciativa parlamentaria que impulsa Izquierda Unida recuerda que se da la circunstancia de que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, “acudió recientemente en visita oficial a Kiev junto a una delegación de 23 empresas españolas, entre las que se encontraban directivos de Acciona Energía, Adif, CAF y Renfe, para estudiar oportunidades y posibilidades de cooperación entre Ucrania y España”.

Esta visita se enmarcó en un contexto de sanciones a empresas y particulares rusos por su participación en el esfuerzo militar contra Ucrania y, a su vez, para mostrar el apoyo de España a las autoridades ucranias, a su resistencia frente Rusia y para recuperación del país cuando concluya la guerra.

La pregunta parlamentaria plantea también conocer “cuál fue el criterio” para elegir a las empresas que participaron en esa delegación.

Enrique Santiago y Fèlix Alonso inciden en que ese mismo criterio debería coincidir con el empleado “para rechazar el genocidio en Gaza, con acciones como el cese de nuevos contratos de ventas de armas o el reconocimiento del Estado Palestino”.

“Sin embargo -añaden-, sigue habiendo empresas españolas que se lucran con la ocupación en Palestina, como es el caso de CAF, que gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias próximas en territorio ocupado, o SEMI, del Grupo Cobra, implicada en el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén, traspasando territorio palestino ocupado”.

Izquierda Unida considera que “dicho proyecto vulnera la legalidad internacional. En concreto, no respeta el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados ni los derechos humanos, ya que se expropian terrenos palestinos bajo ocupación israelí para construir el tren ligero enlazando diferentes asentamientos ilegales -colonias- de la potencia ocupante según el Derecho Internacional”.

El IV Convenio de Ginebra de 1949 considera ilegal que una potencia ocupante traslade una parte de su propia población al territorio por ella ocupado. El Derecho Internacional Humanitario prohíbe el establecimiento de asentamientos, dado que representan una forma de traslado de población al territorio ocupado. También son ilegales las medidas para ampliar o consolidar esos asentamientos, como la construcción de infraestructuras permanentes. Se prohíbe asimismo expropiar o confiscar tierras con el propósito de construir o ampliar asentamientos o construir infraestructuras que los consoliden.

Siguen también las adjudicaciones de Defensa

Izquierda Unida impulsó también en el Congreso la semana pasada otra iniciativa para que el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles detalle los contratos que se siguen firmando con empresas armamentísticas de Israel pese al genocidio contra la población palestina en Gaza.

El escrito, que firman también Enrique Santiago y Félix Alonso, expone que el pasado 19 de agosto “se formalizó la última de las adjudicaciones desde el Ministerio de Defensa al sector armamentístico israelí. En este caso, un contrato con valor de 289.256,2 euros para la empresa PAP Tecnos, filial de la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems LTD”.

El contrato se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el contratante es la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. “El motivo concreto de la adjudicación es el mantenimiento de las estaciones de armas de accionamiento remoto Mini Samson, integrados en los vehículos blindados RG-31”, se indicó.

Izquierda Unida recordaba también que en abril de 2024 hubo otra adjudicación desde Defensa de un contrato de más de 207 millones de euros a la empresa matriz Rafael Advanced Defense Systems LTD para la fabricación de los designadores para los Eurofighters.

Para IU, estas adjudicaciones “contravienen el acuerdo del Gobierno de cesar la compra y venta de armas con Israel, que incluye también la no adjudicación de contratos relacionados con su sector de la Defensa ni sus empresas”.

Un reciente informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz denuncia que las relaciones de comercio de armas con Israel no han cambiado desde que se intensificó la masacre en Gaza. Concretamente, desde 7 de octubre de 2023 se adjudicaron contratos públicos de compra de armamento a empresas de seguridad y defensa israelíes o sus filiales en España por valor de 1.027 millones de euros.