La Fiscalía denuncia a varios responsables de los vertidos al río Guadalix

El río Guadalix es un espacio protegido Red Natura 2000, cuya conservación y gestión tiene encomendada la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio Ambiente. A pesar de esta supuesta protección el tramo bajo de este río es objeto de vertidos continuos de aguas fecales desde hace 50 años. Este estado de abandono y degradación ha provocado un daño ambiental grave en todo el tramo final de este río, acabando con gran parte de la vida acuática y provocando un problema sanitario para los vecinos de la cercana urbanización de Santo Domingo (Algete).

Mientras la Consejería de Medio Ambiente se ha desentendido de la conservación de ecosistema protegido, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) se ha limitado durante años a imponer periódicas y módicas sanciones, una especie de “tasa” con derecho a contaminar. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, responsable de la red de saneamiento, también se ha mantenido al margen. Esto es lo que viene sucediendo durante décadas.

Desde las denuncias presentadas en 2019 parece que algunas cosas se están moviendo. La CHT ha cancelado la autorización de vertido (y la rutina de las sanciones), abriendo la posibilidad de una adecuación urgente del deficiente sistema de depuración actual, mientras se tramita y construye definitivamente el emisario a la EDAR del Arroyo Quiñones, una actuación prevista desde hace 15 años por el Canal de Isabel II.

La Fiscalía también ha decidido intervenir, atendiendo a la denuncia que presentaron los colectivos ecologistas, el pasado mes de marzo, denunciando por delito contra el medio ambiente (art. 325.2 del Código Penal) a los dos últimos gerentes de la urbanización de Ciudalcampo.

A juicio de los colectivos ecologistas estas consecuencias judiciales deberían extenderse a responsables de las administraciones que han mirado para otro lado, desentendiéndose de lo que sucedía y de las denuncias que han recibido. La conservación del río Guadalix está regulada en el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Cuenca del río Guadalix, aprobado en 2014 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este documento incluye la protección del río y sus riberas, a pesar de lo cual la Consejería de Medio Ambiente se inhibe de sus obligaciones de conservación y control. Una actitud que se repite para cualquier ecosistema acuático y que debería ser imputable por reiterada omisión del deber que corresponde a autoridades o funcionarios públicos.

La solución a los actuales vertidos de aguas fecales en el río Guadalix sólo ha empezado. ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo seguirán vigilando los avances hacia la definitiva y adecuada depuración de estos vertidos, y apoyarán a los vecinos de Santo Domingo en su legítimo derecho a disfrutar de un entorno adecuado. Esperan que los responsables de las administraciones competentes no sigan mirando para otro lado.