El lento adiós al carbón en España

A partir del 1 de enero de 2019, las minas de carbón que aún están operativas estarán obligadas a devolver las ayudas públicas al sector o a cesar toda su actividad extractiva. Las doce minas de carbón que permanecen activas en el país tendrán que decidir entre retornar su parte de los más de 500 millones de euros que las administraciones públicas han venido concediendo al sector desde el año 2010 o clausurar definitivamente.

No se trata de una medida adoptada para atajar las emisiones de gases de efecto invernadero ni con ninguna intencionalidad ambiental, sino un compromiso que se remonta a hace más de una década, cuando la Unión Europea exigió a Madrid cesar la actividad de las minas no rentables en el país. Debido al traumático impacto económico del cese de esta actividad, centro del desarrollo de regiones como Asturias o El Bierzo durante el último siglo y medio, el gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo en el año 2010 una demora de 8 años que ahora llega a su fin.

Según adelantaba el diario El País esta mañana, tan solo dos explotaciones han manifestado su intención de continuar su actividad a partir de enero. Se trata de la diminuta mina administrada por la empresa Hijos de Baldomero García, que cuenta con una plantilla de 20 personas en El Bierzo, y la turolense Samca. En total, poco menos de 2000 personas seguirán trabajando en un sector que daba empleo a más de 50.000 personas a mediados de los ‘80.

El destino de los empleado directos de minas ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza de los sucesivos gobierno ante la inminente llegada de la fecha límite establecida por Bruselas. El pasado mes de octubre, sobre la bocina, los ministerios de Transición Ecológica y Trabajo alcanzaron un acuerdo con las centrales sindicales CCOO, UGT y USO sobre el destino de los actuales mineros. Los sindicatos han venido manifestando durante estos dos meses su conformidad con el acuerdo que, en gran parte, resuelve el destino de los empleados directos del sector.

Sin embargo, otras voces no han sido tan comprensivas con la actuación del gobierno, exponiendo que no existe ningún plan realista de desarrollo de las regiones tras el cierre de las minas. Las ayudas prometidas de 250 millones de euros para el desarrollo y dinamización de las cuencas mineras han sido calificadas como insuficientes e incluso “ridículas”. Desde el ámbito energético se advierte también de la ausencia de una respuesta a la necesidad del uso del carbón en las centrales de producción eléctrica, que continuarán operando gracias a las importaciones que ya antes del cierre de las minas suponen más del 86% del carbón consumido en el país.

Así mismo, desde las entidades y asociaciones ambientalistas y ecologistas se denuncia la falta de miras y de proyección de un poder político, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que pretende la aplicación de estas medidas por cuestiones de rentabilidad del sector sin plantear ni planificar mecanismos que tengan en cuenta una sustitución sostenible.

No obstante la intencionalidad manifiesta de Bruselas enfocadas en la rentabilidad del sector y no ninguna cuestión de sostenibilidad ambiental, las medidas tomadas por la UE para liquidar también la generación de energía mediante en centrales térmicas han llevado al anuncio del cierre de nueve de las 15 centrales termoeléctricas que emplean este combustible en el año 2020. Mientras la crisis energética y ambiental comienza a producir síntomas tremendamente alarmantes, cabe preguntarse si las administraciones aprovecharán las circunstancias para tratar de establecer un modelo viable alternativo o, como ha venido siendo costumbre, continuarán con su tradicional política de planes improcedentes con plazos absolutamente inservibles marcados más por los deseos de las empresas que rentabilizan el sector energético que por las exigencias ambientales y materiales que la realidad marca.