«El coladero ambiental de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico de Asturias»

Queremos manifestar  desde la Coordinadora Ecoloxista una valoración claramente negativa sobre una ley que revienta el modelo de planificación territorial y urbanística consolidado enAsturias en los 40 años de historia de la Autonomía, basado en la ordenación racional de los usos del territorio mediante planes municipales y supramunicipales – normas jurídicas con naturaleza reglamentaria – articuladosentres sí de forma congruente y que ha posibilitado, con carácter general, lapreservación de los valores naturales y ambientales, perfectamente compatiblecon los usos económicos del suelo.

La Ley de PIER dinamita la coherencia de este sistema normativo al poner en manos del Consejo de Gobierno la autorización de obras y usos que estén prohibidos no solo en los planes generales de urbanismo de los concejos y en contra de la voluntad democrática de los Ayuntamientos, sino también saltándose las prohibiciones de los planes territoriales vigentes aprobados por el propio Gobierno autonómico (directrices de comercio, de energía eólica,instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos etc.).

Todo ello, mediante un simple acto administrativo, el acuerdo de declaración de PIER, que se impone a la regulación contenida en las normas jurídicas de planeamiento. Esta excepcionalidad solo era posible en el Derecho urbanístico español respecto de las grandes obras públicas, por razones justificadas de excepcional interés público o de extraordinaria urgencia.

La nueva Ley de PIER extiende esta excepcionalidad a proyectos impulsados por el sector privado en contra de la planificación urbanística y territorial,aprobada democráticamente con la preceptiva participación ciudadana,abriendo una enorme espita para la discrecionalidad administrativa y para lasdecisiones fruto de la presión de poderosos grupos de intereses, que pueden chocar frontalmente con los intereses generales de la ciudadanía asturiana.

Dicho con otras palabras, posibilitando un urbanismo a la carta, en el que las obras y usos que estarían prohibidos con criterios de racionalidad territorial y de protección medioambiental, paisajística o de preservación de los recursos naturales, se imponen por el poder de persuasión de influyentes grupos de presión.

Todo ello, se agrava teniendo en cuenta que la definición legal de los supuestos en los que es posible la declaración de PIER es tan laxa y maleable que permite al Consejo de Gobierno su aprobación, aun cuando no reúnan los requisitos objetivos de creación de empleo o de inversión que la propia Ley señala para ello, por motivos tan vaporosos como son tener un impacto estratégico relevante o su capacidad de dinamización social en “sectores estratégicos”, que ni tan siquiera se definen, ni concretan, en el texto legal. Un verdadero coladero que permitirá aprobar prácticamente cualquier proyecto como PIER.

Dicho todo lo anterior, tenemos que reconocer que el texto inicial aprobado por el Consejo de Gobierno era todavía más regresivo porque prescindía del trámite de información pública, un proceso participativo imprescindible en cualquier procedimiento de modificación de los usos del suelo que quiera reputarse como mínimamente democrático. Afortunadamente y gracias a una enmienda presentada por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, se incorporó al texto definitivo la necesidad de someter a información pública por plazo de 20 días los proyectos que sean disconformes con la ordenación urbanística o territorial en vigor. Un mínimo que permite blanquear una leypromovida, inspirada y jaleada por los representantes del poder económico en Asturias.

Los grupos parlamentarios del PSOE, Convocatoria por Asturies-IU, Partido Popular y el diputado Adrián Pumares no han dudado en aprobar y publicar una ley que saben contraria a los principios establecidos por la legislación medioambiental, tanto de rango estatal como europeo, y que lejos de atender al interés público, tiene como único objetivo sustraer del conocimiento y discusión ciudadana cualquier proyecto que tenga el apoyo del poder económico y la connivencia del gobierno regional .

Esta huida de la legalidad vigente tendrá con total seguridad sus graves consecuencias, al ser motivo de recursos y de impugnaciones tanto por parte de la ciudadanía como de las organizaciones ecologistas y conservacionistas, lo que al final propiciará situaciones de inseguridad jurídica en la tramitación de los proyectos.

Coordinadora Ecoloxista d´Asturies.