Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Madrid (STEM): «Prescinde tú de ellos. En enero, elige sanidad pública»

Los funcionarios y funcionarias de carrera docentes estamos asignados a un régimen especial de Seguridad Social, MUFACE, con una caja propia y un sistema de cotización y servicios distintos a los del Régimen General. Entre las particularidades de MUFACE se encuentra la posibilidad de escoger entre las prestaciones médicas del Sistema Nacional de Salud (INSS) o las de una serie de entidades médicas privadas.

Desde hace años, en STEM, animamos a las personas afiliadas y simpatizantes a que escojan la opción de la sanidad pública. Durante este mes de enero, es posible solicitar el cambio de entidad por las siguientes vías:

1. A través de la Sede Electrónica de MUFACE, utilizando certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente o Cl@ve PIN, siguiendo la ruta “Mutualistas y sus Beneficiarios / Cambio ordinario de entidad sanitaria / Nueva entidad”.

2. Por correo postal, descargando y enviando el Modelo de Solicitud de Cambio de Entidad cumplimentado y firmado, al Servicio Provincial correspondiente. En el apartado de la solicitud “Entidad a la que desea ser adscrito/a” hay que indicar INSS.

3. Desde cualquier Registro de los contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, lo que incluye el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado (REC).

4. En caso de problemas con el servicio electrónico o el envío postal, también se puede acudir presencialmente a las oficinas provinciales para formular la solicitud, con cita previa.

¿POR QUÉ ANIMAMOS A ESCOGER SANIDAD PÚBLICA?

Porque no somos como otros sindicatos: Ni cerramos los ojos al desvío de fondos públicos a empresas privadas, ni mucho menos lo alentamos, como hacen otros. Más que animar a escoger sanidad pública, animamos a rechazar el “privilegio” de escoger sanidad privada financiada con dinero público.

Porque es preciso detener la privatización de servicios esenciales: El último convenio firmado entre el Gobierno y Segurcaixa-Adeslas, ASISA y DKV, supuso la transferencia de 3.571 millones de euros a estas sociedades durante el periodo 2022-2024 (1.190 millones de euros anuales). Esto ya representaba 64 millones anuales más que en el anterior convenio (2020-2021), que recogía a su vez otro incremento de 32 millones anuales respecto al periodo 2018-2019. Convenio tras convenio, el Gobierno ha venido aumentando las dádivas a las empresas de la sanidad privada, que piden cada vez más dinero bajo la constante amenaza de que no podrán mantener la cartera de servicios que ofrecen a los funcionarios y funcionarias.

Este año, el órdago de estas empresas ha ido mucho más allá y el Gobierno, como era previsible, va cediendo, comprometiéndose de momento a incrementar en 957 millones de euros las subvenciones para el periodo 2025- 2027: 4478 millones de euros frente a los ya citados 3571 millones del convenio aún vigente. Se ha pasado de un incremento del 17% en la primera licitación a un 33,5% en la segunda, acumulado en tres años. Este dinero, destinado a garantizar una suculenta cartera de clientes y mejorar la cuenta de resultados de compañías privadas, no sale de la nada: se detrae del sistema público, contribuyendo a deteriorar lo que es de todos.

Cuando estas empresas anunciaron que no se presentarían a la primera licitación, apostábamos a que iban de farol: el Gobierno daría más dinero y las empresas no dejarían escapar a un millón de mutualistas por los que reciben cientos de millones todos los años. En el momento de escribir estas líneas, aún hay al menos una compañía que afirma que no se presentará a la segunda licitación [ver noticia], pero seguimos convencidos de que finalmente habrá “acuerdo”.

Por calidad: Ante una dolencia grave, la plena garantía de que no se van a escatimar pruebas y tratamientos en aras del beneficio empresarial sólo la da la sanidad pública. Por otra parte, las sociedades concertadas han restringido servicios a medida que tenían que atender a más usuarios y la media de edad de los mismos se elevaba. Recordemos, por ejemplo, que en 2015, Adeslas y ASISA suprimieron sus servicios de oncología y radioterapia, cardiología o neurología, dejando sin tratamiento a muchos mutualistas. [ver noticia].

Hablando de calidad, resulta interesante saber que a pesar de haber un periodo ordinario para el cambio de entidad médica, no existe plazo cuando se trata de solicitar el cambio de entidades privadas al INSS“ por razones médico- hospitalarias”. Es una forma “legal” que tienen estas compañías de deshacerse de los funcionarios y funcionarias o de sus familiares cuando sus tratamientos ya no les salen rentables. Las 11 causas contempladas en la solicitud [ver aquí] representan una buena radiografía de las limitaciones de la asistencia sanitaria que ofrecen estas empresas, o en otras palabras: de lo que no están dispuestas a hacer por los funcionarios y funcionarias y sus familias.

Con la misma convicción con la que decimos que estas empresas no rechazarán un incremento de fondos tan sustancioso como el que ya se adivina, afirmamos que este incremento de recursos no se invertirá en mejorar la atención sanitaria, sino en engrosar su margen de beneficios, y de cara a 2028-2030 volverán a pedir más dinero público y a amagar con no suscribir el próximo convenio.

Por coherencia: si sufrimos los recortes y defendemos, como trabajadores y trabajadoras, los servicios públicos, deberíamos defenderlos también como usuarios. Las redes privadas son un factor de desclasamiento. Pero las empleadas y empleados públicos, por mucho que nos quieran convencer de otra cosa, no dejamos de ser clase trabajadora. Para STEM, esta no es una realidad que debamos negar, sino un motivo de orgullo.

Hemos vivido acontecimientos muy esclarecedores el pasado trimestre, como el posicionamiento de determinados sindicatos que diciendo defender el sector público, no han dudado en cerrar filas con las empresas de la sanidad privada en la disputa que estas han protagonizado con el Gobierno, contribuyendo a mantener a cientos de miles de funcionarias y funcionarios como rehenes de una situación que escapa a su control, en la más absoluta incertidumbre.

Patrones de organizaciones que dicen defender a las y los profesionales de los servicios públicos (y esto incluye la sanidad pública), no dudaron en presionar, incluso con la convocatoria de movilizaciones, para favorecer, al fin y al cabo, el acaparamiento de recursos públicos por parte de las empresas de la sanidad privada (a costa, como no puede ser de otra manera, de la sanidad pública).

Para STEM, mantener inyecciones milmillonarias de dinero público a empresas de la sanidad privada vía MUFACE está al mismo nivel de incongruencia que el de unos hipotéticos acuerdos para favorecer la escolarización de los hijos e hijas del personal funcionario docente en centros privados-concertados.

Jamás se nos ocurriría defender esas prácticas argumentando que así aliviamos la presión sobre los centros públicos ayudando a bajar las ratios y a mantener la calidad de un sistema educativo público infradotado. Sin embargo, cosas similares se argumentan para justificar la elección de la asistencia sanitaria privada, y con ello, la derivación a manos privadas de fondos que deberían destinarse a la sanidad pública.

Cabe plantearse qué podemos hacer, como ciudadanos y como empleadas y empleados públicos, más allá de votar cada cuatro años. De entrada, al elegir sanidad pública ya hacemos algo muy importante: reducimos la desviación de recursos a la sanidad privada, pues el dinero asignado a estas compañías depende del número de mutualistas que las eligen. Este año queremos dirigirnos al funcionariado adscrito a entidades médicas privadas que con motivo de los últimos acontecimientos ha temido por la continuidad de su atención sanitaria:

• La situación de incertidumbre en que habéis estado estos meses se debe exclusivamente a la codicia de las compañías privadas que os prestan la atención sanitaria. Dentro de tres años, cuando vaya a expirar el nuevo convenio que creemos que se acabará firmando, estas empresas no tendrán ningún problema en volver a jugar con sus asegurados generándoles la misma inquietud: se quejarán de la supuesta insostenibilidad de la atención al personal de MUFACE y si no les dan el dinero que pidan, quizá esta vez sí decidan prescindir de ellos y de sus familias. En el “mejor” de los casos, les mantendrán sumidos en la incertidumbre una y otra vez.

• Las empresas que hasta ahora os han prestado cobertura sanitaria no utilizarán el dinero extra que van a recaudar en mejorar la atención que os prestan a vosotros y a vuestras familias.

• Valorad si no es mejor irse uno que esperar a que le echen cuando menos se lo espera, sobre todo cuando es la salud lo que puede estar en juego.

Si no queréis seguir a expensas de los caprichos de estas empresas, hay una forma de decirles “BASTA”: EN ENERO, PASAOS A LA PÚBLICA.

ÚLTIMOS DATOS OFRECIDOS POR MUFACE: CADA VEZ MÁS FUNCIONARIOS ELIGEN SANIDAD PÚBLICA

En el último Consejo General de MUFACE, se ofrecieron unos datos muy significativos que no acapararon una gran atención mediática: [ver noticia] Tras el último periodo abierto por MUFACE para el cambio de entidad médica (enero de 2024), el número de mutualistas que eligen la sanidad pública sigue aumentando: El INSS registra un saldo neto positivo de 6.416 mutualistas titulares a añadir a los 4.623 nuevos mutualistas que ya sumó en 2023.

De este modo, el colectivo adscrito a entidades privadas se sitúa en un 69,63% (SegurCaixa Adeslas aglutina al 33,13% de mutualistas, Asisa al 23,32% y DKV al 13,17%). Un 30,37% de mutualistas ha elegido la opción pública (INSS). Este porcentaje viene incrementándose año tras año desde el ya lejano 17,35% de 2010.

El colectivo adscrito a entidades privadas se situaba en 2023 en un 72,8%: SegurCaixa Adeslas sumaba el 34% de los beneficiarios, Asisa al 25% y DKV al 13,5%, frente al 27,2% de mutualistas que optaron por la sanidad pública.

Sólo DKV ha ganado asegurados en este periodo de cambio de entidad, pero al contrario que la opción de la sanidad pública, ralentiza su subida: 1.823 nuevos asegurados frente a los 2.945 que ganó en 2023 (año en que ya fue la única entidad privada en crecer). Sin embargo, por primera vez, todas las entidades privadas reducen su cuota del porcentaje global de mutualistas, en favor de la opción pública, que es la única que crece tanto en términos absolutos como porcentuales.

Si en el próximo periodo de cambio de entidad médica (enero de 2025) la opción de la sanidad pública mantiene el crecimiento de 2024, pasará a ser por primera vez la opción más elegida, por delante de SegurCaixa Adeslas. Y no es decabellado, teniendo en cuenta que esta entidad viene reduciendo desde 2019 y de forma cada vez más pronunciada su número de mutualistas titulares.

Desde STEM, deseamos que el porcentaje de mutualistas que eligen sanidad pública siga creciendo. Como todos lo años, seguiremos animando a todo el profesorado funcionario de carrera (que constituye el 62% de los mutualistas de MUFACE) a secundar este acto de coherencia.

Así mismo deseamos transmitir un mensaje a la sociedad en general: si miles de funcionarios y funcionarias, año tras año, conociendo la sanidad privada y pudiendo hacer uso de ella de forma “gratuita” (ya que la cotización a MUFACE es obligatoria elijas pública o privada) deciden abandonarla… Y si dos de cada tres nuevos funcionarios de carrera eligen la sanidad pública… por algo será.

Quizá lo que más nos interese sea apostar por la sanidad pública como usuarios y defenderla, en lugar de colaborar al crecimiento de entidades con ánimo de lucro que, en la medida en que absorban usuarios de la sanidad pública, pueden servir de excusa a cualquier gobierno para recortar el presupuesto del único sistema que hará todo lo posible por nuestra salud cuando las empresas de la sanidad privada subvencionada decidan prescindir de los funcionarios y funcionarias y de sus familias. Antes de que eso ocurra, prescindamos nosotros de ellos.