El acuerdo entre el Gobierno y las eléctricas sobre el calendario de cierre nuclear es inadmisible

La posibilidad de ampliar el calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035 acordada, según varios medios de comunicación, por la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con las tres principales empresas eléctricas supondría que todos los reactores pasaran de 40 años de funcionamiento y, en algún caso, hasta los 50. Para el Movimiento Ibérico Antinuclear  del que forma parte Ecologistas en Acción, esta propuesta es inadmisible. Entre los motivos caben destacar los problemas de seguridad que se agudizarán según los sistemas de las centrales vayan envejeciendo. Así, la prolongación de los permisos de funcionamiento implicará costosas y complejas revisiones de seguridad que forzarán a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que, sin duda, repercutirán sobre el precio de la electricidad.

Este alargamiento aumentará el volumen de residuos de alta actividad, en razón de unas 175 toneladas al año, sin que exista un método aceptable para la gestión definitiva. Lo mismo ocurre con la producción de residuos de media y baja actividad que no cabrán en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba). En este sentido, el Movimiento Ibérico Antinuclear señala que el sexto programa de gestión de residuos radiactivos es en la práctica papel mojado.

El mantenimiento de las centrales nucleares en funcionamiento dificulta la transición a un modelo basado en las energías renovables debido a la nula flexibilidad de las nucleares. El apagado o encendido de un reactor nuclear es un proceso complejo que lleva unas 24 horas, por lo que esta fuente de energía convive mal en el mix eléctrico con fuentes intermitentes como las renovables. De esta forma no podrían desconectarse de la red para que las renovables viertan su producción. Esto genera el derroche de la energía, un problema que se agravará conforme se produzca mayor despliegue renovable.

El PSOE se muestra, una vez más, incapaz de cumplir su promesa de cierre de nucleares cuando se cumplan 40 años de explotación, como ya ocurrió con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no se atrevió a fijar esa edad en la Ley de Economía Sostenible. Una falta de regulación que puede conllevar a un nuevo pago por lucro cesante si no existe una adecuada planificación. En este sentido, la mejor opción es la no renovación de los permisos, único modo de garantizar que la ciudadanía no pague por posibles problemas que surjan con la concesión de nuevos permisos de explotación.

Las conversaciones mantenidas por la ministra con las grandes eléctricas muestran que el Gobierno da más cabida a los intereses de las grandes empresas que a la ciudadanía. Las encuestas muestran cómo la mayor parte de la población española se opone a la energía nuclear. Por todo ello, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear manifiestan su rechazo al calendario de cierre publicado e insisten en reclamar el cierre de las nucleares según vayan expirando sus permisos de explotación, de tal forma que en 2024 el país se encuentre libre de esta amenaza.