El Ministerio de Transportes advierte con sanciones al Gobierno Ayuso por atribuirse la gratuidad del transporte público, una medida impulsada y financiada por el Gobierno central
- Diversos medios de comunicación que reciben ingresos vía publicidad de la Comunidad de Madrid -tales como ABC, El Español, Libertad Digital y un largo etcétera- publicaron hace unos días que «Ayuso amplía el abono de transporte gratuito para los menores de hasta 14 años«, y detallaban que «la medida entrará en vigor el próximo 1 de julio y beneficiará a casi 600.000 jóvenes madrileños».
- Se hicieron eco del anuncio de la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, una medida que el Gobierno estatal ya anunció anteriormente para todo el país y para la cual aportará financiación estatal.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible advirtió a la Comunidad de Madrid de posibles sanciones por no cumplir la ley después de que la Comunidad anunciara que el abono transportes será gratuito hasta los 14 años a partir del próximo 1 de julio, una medida que el Gobierno estatal ya anunció anteriormente para todo el país y la cual se sufraga con financiación estatal.
El Gobierno, en sus medidas de promoción del transporte público, ya ha activado 878 millones de euros para rebajar el precio del transporte durante todo 2025, entre los que se incluyen 355 millones para subvencionar la gratuidad para menores de 15 años en todo el país, así como los descuentos del 50% para jóvenes y del 40% para el resto de la población, todo ello a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre.
El Ministerio manifiesta que la Comunidad de Madrid «está incumpliendo de forma deliberada y premeditada una de las obligaciones recogidas en la convocatoria de ayudas destinadas a comunidades autónomas y entidades locales«. «En su caso y de persistir en esta omisión deliberada, puede acarrearle la correspondiente sanción, como prevé la normativa de estas ayudas, posibilidad de la que la Comunidad de Madrid queda advertida».
En esta línea, ha registrado que todas las administraciones públicas están obligadas por ley a informar de dónde proviene la financiación, de igual forma que se hace, por ejemplo, con los proyectos que costea la Unión Europea, algo que en este caso la Comunidad de Madrid ha omitido.
«La Comunidad de Madrid juega a confundir, a contar medias verdades y a intentar ocultar la realidad en su propio beneficio. Esas medidas que está lanzando son gracias a la apuesta y compromiso firme del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible por el transporte público y una movilidad sostenible, eficiente y segura», añaden desde el Ministerio.
*Con información de Agencias.
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