El Gobierno y el CSN se pliegan a los intereses de las eléctricas para alargar la vida de las nucleares

Las próximas dos legislaturas son clave para la prolongación de la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de diseño. Con el nuevo Proyecto de Orden Ministerial (OM), el Gobierno del Partido Popular apuesta claramente por la prolongación de la vida de las centrales nucleares ignorando la necesidad de un debate público sobre los riesgos de esta energía. Para el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y Ecologistas en Acción esta nueva legislación a medida viene a facilitar la prolongación del funcionamiento de un parque nuclear muy envejecido que tendrá como consecuencia el incremento del riesgo a un accidente.

La nueva OM protege las pretensiones del oligopolio energético de continuar obteniendo jugosos beneficios de su industria nuclear, desde el pago entre 4 y 8 veces superior al coste de producción hasta las subvenciones del Estado.

Actualmente la renovación del permiso de funcionamiento debe pedirse tres años antes de que expire la licencia en vigor al Ministerio de Energía, quien remite la documentación pertinente al CSN para la evaluación de las condiciones de  seguridad de las centrales. Sin embargo, la OM permitirá pedir la prolongación del permiso tan solo un año antes de que expire, separando esta petición del envío de documentación al CSN.

Con esta nueva OM el CSN evaluará las condiciones de seguridad de las centrales nucleares antes de que los propietarios hayan decidido si están o no interesados en mantener la central en funcionamiento. Esto convierte la petición del permiso en un extraño acto administrativo y obliga al CSN a trabajar y consumir recursos sin saber cuál será el fin de sus evaluaciones. Por tanto, un dictamen del CSN a favor de la OM significa que este organismo se pliega definitivamente a los intereses de las eléctricas y del Gobierno.

Para el MIA y Ecologistas en Acción este retraso en los tiempos facilita una prórroga para que las eléctricas puedan seguir presionando al actual Gobierno para conseguir aún mejores condiciones económicas. Además, la presentación del Plan Integrado de Clima y Energía en enero de 2018 no justifica la prórroga concedida hasta 2019 para la renovación de sus licencias.

En lo referente a las discusiones del Plan Integrado, las organizaciones antinucleares piden que el debate sobre el futuro mix energético sea público y con garantías de participación efectiva de la sociedad civil. Esta participación y publicidad es necesaria para evitar que se den por válidas algunas falsas ideas como el supuesto papel beneficioso de la energía nuclear en la luchas contra el cambio climático, obviando que en la actualidad son un problema que impide el pleno desarrollo de las energías renovables.

Este cambio normativo no solo se produce en pleno proceso para la renovación de los permisos de todas las centrales sino que además se une a procesos pendientes como el desmantelamiento de Garoña, la licencia del cementerio nuclear de Villar de Cañas, o el intento de ampliación de El Cabril. Para el MIA y Ecologistas en Acción abordar un calendario de cierre a los 40 años es el primer paso fundamental para conocer la cantidad de residuos radiactivos a gestionar y para dar una solución definitiva a los mismos. Sin embargo, nuevamente el Gobierno y el CSN se pliega a los intereses nucleares apartando a un lado a la ciudadanía.