Denuncian el incumplimiento de la Estrategia de Venenos en Extremadura

El pasado mes de marzo se cumplían 5 años de la aprobación de la Estrategia extremeña contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural. Extremadura es una de las comunidades autónomas que, aun contando con una estrategia como esta, no ha sido desarrollada ni como se esperaba ni como estaba aprobado. Muestra de todo ello son los pocos resultados obtenidos y su escasa implementación en asuntos clave como la creación de patrullas especializadas de Agentes del Medio Natural.

Según el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica), el Grupo de Trabajo de Ecotoxicología sobre mortalidad por veneno reveló que entre 1990 y 2003 pudieron documentarse más de 6.500 casos, calificando su uso de alto. De este total, 2.887 (44.3 %) pertenecían a especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como el caso del Águila imperial ibérica con más de 70 casos registrados; la Cigüeña negra con 17 casos; el Águila perdicera con una treintena de casos o el Buitre negro con más de 420 casos. También la mortalidad por envenenamiento de perros domésticos y asilvestrados es muy alta, con 1.671 casos. Otros informes más actualizados de Ecologistas en Acción y SEO apuntan en la misma dirección.

La Estrategia extremeña, aprobada en marzo de 2015, recogía como acciones principales la creación especifica de patrullas especializadas de, al menos, dos Agentes del Medio Natural por cada una de las 10 Unidades Territoriales de Vigilancia Ambiental en las que está dividida Extremadura (en total 20 Agentes especializados), además del apoyo del resto de Agentes y la colaboración fluida con el SEPRONA de la Guardia Civil. A día de hoy, no se ha realizado el nombramiento oficial de ninguna de estas patrullas especializadas, lo que es una grave carencia para implementar la Estrategia. Con ello, tampoco se fomenta la motivación de un grupo de funcionarios que, desde hace tiempo, se encuentra desatendido por la administración y que tan importante labor desempeña en el conocimiento y defensa de nuestro patrimonio natural extremeño.

Sin un conocimiento real de lo que ocurre en el campo, difícilmente puede atajarse la problemática de los envenenamientos y, en esto, son pieza clave este grupo de funcionarios. La especialización implica, además de medios humanos y materiales, formación tanto en materia de venenos como en desarrollo de técnicas modernas de investigación de delitos de estas características pero, en cinco años, la Junta de Extremadura sólo ha realizado dos jornadas de carácter general sobre esta Estrategia.

Es incompresible que, en estos 5 años, no se haya producido dicha especialización y nombramientos, cuyo coste económico es cero ya que para ello sólo es necesaria una designación pública por competencias de sus miembros, así como un esfuerzo en una formación más especializada.

La única mejora en el desarrollo de la implantación de esta estrategia ha sido la recuperación de un equipo canino especializado (Equipos Cinológicos), a todas luces insuficiente para una extensión tan grande como la de Extremadura y que, sin la creación de las patrullas especializadas, queda en una medida simbólica puesto que no es más que una herramienta a utilizar en la investigación por parte de estos Agentes.

Hay que recordar que el Gobierno de Extremadura firmó un compromiso de aprobación de la Estrategia contra el veneno con la Comisión Europea en el marco del proyecto Life+VENENO, dado que, alberga una de las mayores poblaciones de rapaces amenazadas mundialmente, como el buitre negro, el milano real, el alimoche o el águila imperial, siendo las dos primeras la especie más afectada por casos de envenenamiento en el medio natural registrados en Extremadura.

El uso de veneno, o cualquier otro método de muerte masiva o no selectiva, está tipificado como delito en el artículo 336 del Código Penal de 1995 y su modificación de 2003, castigándolo con la pena de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y, en cualquier caso, con la inhabilitación especial para el ejercicio de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años.

Un factor que ha favorecido la generalización del uso de venenos como método ilegal de control de predadores ha sido la impunidad de los envenenadores, debido a la dificultad de identificar al autor material de los hechos. La mayoría de los casos en los que se iniciaron actuaciones penales fueron sobreseídos incluso antes de la celebración del juicio oral, o archivados a pesar de no contener defectos de forma o de fondo en la recogida de las pruebas periciales. La principal causa de archivo o sobreseimiento fue la falta de autor conocido. Por este motivo, es clave la actuación de Agentes especializados que tengan instrucciones claras en este sentido.

A esta problemática debemos sumar el tremendo biocidio que se está produciendo en la avifauna a causa de su electrocución en tendidos eléctricos, que el MITECO ha calculado en más de 33.000 rapaces muertas al año en nuestro país. Sobre este fenómeno que, lamentablemente, pasa desapercibido por suceder en el medio natural, es preciso remarcar la ausencia casi absoluta de sanciones penales o administrativas y la absoluta inaplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, ante una verdadera catástrofe para la biodiversidad.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Extremadura sigue insistiendo a la Junta de Extremadura, como ya hizo en el Grupo de Trabajo de Venenos del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que cumpla con la creación de estas patrullas especializadas de Agentes del Medio Natural para que puedan atenderse adecuadamente problemas tan importantes como la investigación en el uso de venenos, las muertes en los tendidos eléctricos y en los vallados de espinos, que están afectando enormemente al patrimonio natural extremeño.