Redacción •  Actualidad •  31/07/2024

IU denuncia falta de transparencia y dejación de funciones de La Junta de Castilla y León ante el fallecimiento de una mujer en una residencia

  • Izquierda Unida señala que las residencias de CyL, siguen padeciendo los mismos problemas, después de la pandemia, de falta de recursos y personal. También, que la Junta, por su parte, sigue sin favorecer la transparencia y el control. Apuntan que queda lejos el cambio de modelo de cuidados orientado a la autonomía en domicilio.
IU denuncia falta de transparencia y dejación de funciones de La Junta de Castilla y León ante el fallecimiento de una mujer en una residencia

Según Juan Gascón, coordinador autonómico de Izquierda Unida explica que “La denuncia a la residencia de Valderas, La Regenta, que está siendo investigada por la muerte de la mujer, denota que la pandemia no ha cambiado absolutamente nada en una cuestión tan importante como la gestión y el control de la calidad de la atención en las residencias geriátricas”. “Existe una dejadez de funciones por parte de la Junta, y una legislación que favorece a las empresas, dejando que estas cosas sucedan, además de falta de medios y de plazas en residencias públicas”, exponen desde IU.

Carmen Franganillo, coordinadora del área de salud expone que “Este lamentable suceso pone de relieve, una vez más, la necesidad de una mayor transparencia y control en el funcionamiento de las residencias de mayores en Castilla y León, además de un cambio de modelo que prime la atención a domicilio. Desde IU exigen a la Junta de Castilla y León” y “que se investiguen a fondo las causas del fallecimiento y que se tomen las medidas oportunas para garantizar que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, con una nueva normativa que garantice la atención de calidad de las personas mayores en estos centros”.

Falta de personal y precariedad laboral, un caldo de cultivo para la negligencia

Las denuncias de las familias de residentes no son casos aislados. Además, diversos sindicatos, como CCOO, UGT y SATSE, han venido alertando en los últimos años sobre la grave situación que se vive en las residencias de mayores de la región, donde la falta de personal y la precariedad laboral son el pan de cada día. Esta situación, que se vio agravada por la normativa de CyL, y fue evidenciada durante la pandemia de COVID-19, genera un caldo de cultivo propicio para la negligencia y el maltrato a los residentes.

Sentencias del TSJ avalan la responsabilidad de la Junta

En este sentido, cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó en relación con este tema varias sentencias que avalan la responsabilidad de la Junta de Castilla y León en la vigilancia y control de las residencias de mayores. En una de estas sentencias, el TSJ considera que la Junta «no ha cumplido con su obligación de garantizar una atención sanitaria adecuada» a los residentes de una residencia de Zamora. Asimismo, una sentencia del TSJ tumbó en su momento el reglamento autonómico de residencias geriátricas de CyL, sentencia avalada por el Tribunal Supremo.

Es necesario un cambio radical en la gestión de las residencias

“Ante esta situación, resulta imprescindible un cambio radical en la gestión de las residencias de mayores de Castilla y León. Es necesario dotar a estos centros de personal suficiente y cualificado, garantizar la transparencia en su funcionamiento y reforzar las labores de inspección y control por parte de la Junta de Castilla y León”, exponen desde la organización de urgencias.

Atención Primaria: Un pilar fundamental en la vigilancia de las residencias

En este sentido, juega un papel fundamental la Atención Primaria. EL control efectuado por los equipos de Atención Primaria con visitas periódicas a las residencias de mayores para evaluar el estado de salud de los residentes y detectar posibles situaciones de riesgo, solucionaría en parte la falta de inspecciones. Sin embargo, la falta de personal en Atención Primaria hace complicada delegar esta labor en las gerencias de AP.

Desde Izquierda Unida solicitan, que la Junta de Castilla y León abra una investigación inmediata para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la residente en la residencia de León. Además, proponen que se redacte una nueva normativa obligando a tener personal suficiente y cualificado, sobre todo en las residencias que trabajen con residentes dependientes y que signifique un cambio de modelo radical que prime la voluntad de las personas internas y sus derechos, así como la estancia en casa, o en pequeños centros públicos. A su vez piden garantizar la transparencia en el funcionamiento de las residencias de mayores de la región, y reforzar las labores de inspección y control de las residencias por parte de la Junta de Castilla y León. Para finalizar, dotar de medios Atención Primaria para que puedan realizar labores de control a las residencias de mayores.

Solo así podremos garantizar que nuestros mayores reciban la atención y el respeto que se merecen.”


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