«Omán, el socio corrupto de Berkeley»

El colectivo Rana Antinuclear ha expresado que «en las últimas horas Berkeley anunciado que ya tiene más de 100 millones para abrir la mina, no sabemos si es cierto porque la minera vende más humo que realidad como por ejemplo decir que va a ser una mina de uranio rentable cuando no tiene el uranio rentable que está en Alameda de Gardón y en la zona 7. Si es cierta la noticia demuestra que Berkeley ha tenido que recurrir por desesperación a un socio de lo más oscuro ya que ningún país democrático  ni empresa seria  han prestado su dinero para este crimen Este sultanato de Omán pretende invertir su dinero de petróleo en destruir el oeste de nuestra península pero ¿que cuenta amnistía internacional de este país?

Información general

Tras el examen periódico universal de la ONU de su historial en materia de derechos humanos en 2015, Omán aceptó algunas de las recomendaciones formuladas, pero rechazó otras, como abolir la pena de muerte y garantizar la libertad de expresión y de reunión de conformidad con las normas internacionales. En marzo, el Comité de la ONU de los Derechos del Niño instó a Omán a que pusiera fin al hostigamiento contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban por los derechos de la infancia y permitiera a las mujeres omaníes transmitir la nacionalidad a sus hijos e hijas en pie de igualdad con los hombres.

En junio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por las restricciones del gobierno a las ONG, la discriminación racial y los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

El gobierno promulgó un nuevo Código Penal en abril, así como leyes que prohibían el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. En enero, las autoridades aceptaron el traslado de 10 detenidos, todos ellos ciudadanos yemeníes, del centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba).

Libertad de expresión y de asociación

Las autoridades imponían restricciones a la libertad de expresión y de asociación. El personal de los servicios de Seguridad del Estado detuvo a periodistas de Internet y de medios impresos, a blogueros y a otras personas. La mayoría de los detenidos fueron interrogados y quedaron en libertad sin cargos al cabo de unos días, pero al menos ocho personas fueron condenadas a prisión por la expresión pacífica de sus opiniones, en aplicación de disposiciones formuladas de manera imprecisa sobre orden público, insultos y seguridad nacional.

Entre ellas estaban Hassan al Basham, ex diplomático condenado en febrero a tres años de cárcel por publicaciones hechas en Facebook que según las autoridades insultaban a Dios y al sultán; Naser al Busaidi, cuya condena a un año de prisión por criticar a funcionarios confirmó el Tribunal de Apelación de Nizwa en febrero, y Sayyid Abdullah al Darouri, a quien en febrero redujeron a 6 meses la condena de 18 meses que le había sido impuesta por cargos de sedición y contra el orden público en 2015.

En mayo, tras un indulto del sultán, las autoridades excarcelaron al ex parlamentario Talib al Mamari, que cumplía una condena de cuatro años de prisión impuesta tras un juicio injusto en 2014 en relación con una manifestación por el medio ambiente. En agosto, las autoridades pusieron en libertad a Saeed Jaddad, bloguero y preso de conciencia encarcelado tras haber sido declarado culpable en sendas causas en septiembre y noviembre de 2015.

También en agosto, las autoridades cerraron el diario Azamn y detuvieron y enjuiciaron al director y a dos de sus periodistas después de que la publicación difundiera artículos que denunciaban corrupción en el gobierno y la judicatura. Ibrahim al Mamari, director de Azamn, se enfrentaba a cuatro cargos; el redactor jefe de noticias locales, Zaher al Abri, a uno, y el subdirector, Yousef al Haj, a seis. Agentes del Servicio de Seguridad Interna detuvieron a otro periodista, Hamoud al Shukaily, por publicaciones en Facebook en las que criticaba la medida adoptada contra los periodistas de Azamn. En diciembre, un tribunal de apelación anuló la prohibición del periódico, absolvió a Zaher al Abri y redujo la condena a Ibrahim al Mamari y Yousef al Haj.

Derechos de las mujeres

Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en la práctica, y disfrutaban de menos derechos que los hombres tanto en la legislación penal como en la relativa a la condición jurídica de las personas y a la familia, en relación con asuntos como el divorcio, la custodia de los hijos e hijas, la herencia y la transmisión de su nacionalidad a sus hijos e hijas.

Derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes

Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. Los empleados en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres procedentes de Asia y África, denunciaban que los empleadores a los que estaban vinculados en virtud del sistema oficial de patrocinio (kafala) les confiscaban los pasaportes, los obligaban a trabajar durante un número excesivo de horas y sin periodos de descanso, no les pagaban el salario completo y les negaban una alimentación y condiciones de vida adecuadas. El sistema kafala no ofrecía todas las salvaguardias previstas en la Ley del Trabajo a los trabajadores y trabajadoras domésticos, que seguían expuestos a sufrir abusos dentro de los domicilios particulares.

Pena de muerte

La pena de muerte continuaba en vigor para diversos delitos. Las enmiendas al Código Penal confirmaron el uso del fusilamiento como método de ejecución. No se tuvo noticia de ninguna ejecución».