En menos de dos semanas mueren dos personas sin techo en Cádiz
En menos de dos semanas en la ciudad de Cádiz que dirige el alcalde del cambio, Jóse María González han muerto dos personas sin techo por falta de plazas en el albergue municipal que gestiona la empresa privada Grupo 5 por cerca de un millón de euros.
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Un día después de Navidad, la ciudad volvió a teñirse de negro. Pero nadie se enteró. Antonio Parra, de 57 años de edad, procedente de Algeciras, llevaba más de un año viviendo en la intersección de las calles Gibraltar y Puerto Real de la Zona Franca. Antonio falleció por causas naturales, según han informado a la CDT fuentes policiales.
En la ciudad de Cádiz se estima que hay cerca de 200 personas sin techo que viven al raso y las 28 plazas que ofrece el ayuntamiento en el albergue son insuficientes para responder a la demanda. Según un compañero del fallecido, fue explsado del albergue a los tres días. “Se nos echa del albergue a los tres días y hasta dentro de 6 meses no podemos volver”, afirma el compañero de calle del fallecido.
El activista sin techo, Lagarder Danciu que visitó la ciudad de Cádiz dentro de la Ruta de la Pobreza, denuncia la privatización de los servicios sociales y pide explicaciones al alcalde de Cádiz por la muerte de 7 personas sin techo desde 2015, según el activista. “Las personas sin techo no somos la prioridad del alcalde, con mis ojos vi como la policía local por orden del alcalde echaba a unas 16 personas sin techo del balneario sin dar ninguna alternativa habitacional”, afirma cabreado el activista Lagarder.
Hace poco moría otra persona sin techo en condiciones indignas en plena calle sin que nadie se percatase que llevaba horas muerto en la puerta del cajero bancario de la avenida Ramón de Carranza. Desde el ayuntamiento de Cádiz afirman que son muertes naturales a diferencia de los colectivos sociales que afirman que son asesinatos institucionales que cometen los ayuntamientos. “El ayuntamiento parece más empeñado en ahorrar millones de euros que en salvar vidas humanas”, afirma el activista Lagarder, en referencia a los 27 millones de euros que el concistorio ha logrado quitar de la deuda municipal.