CCOO exige al Gobierno la transposición de la directiva sobre condiciones de trabajo previsibles y transparentes

El sindicato, de no ser así, procederá a denunciar el incumplimiento en todas las instancias, incluidas las comunitarias, y a exigir la aplicación directa de la Directiva a las relaciones laborales en España. La Directiva 2019/1152 incorpora importantesmejoras en los derechos de información de las personas trabajadoras y limita la duración del período de prueba.

El Gobierno sigue sin trasponer a la normativa laboral española la Directiva 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, algo que debería haber realizado antes del 1 de agosto de 2022. A pesar de que se había tratado en el ámbito del diálogo social hace más de año,su aprobación se ha ido posponiendo sin justificación alguna. Finalmente se anunció su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado día 19 de diciembre, pero ni en ese ni en el celebrado en el día de ayer se ha tratado su transposición.

Este retraso injustificado está suponiendo una merma de derechos laborales exigidos por Europa para todas las personas trabajadoras. Su incumplimiento ha conllevado el emplazamiento de la Unión Europea en septiembre de 2022, y el pasado 1 de junio de 2023 recibió un dictamen motivado de la Comisión dando un plazo de dos meses para llevar a cabo dicha trasposición, quede no hacerse podrá llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la imposición de sanciones económicas, que pueden ser millonarias. Ya se ha superado sobradamente ese plazo y ya no puede usarse la excusa de un gobierno en funciones, con lo que en cualquier momento la Comisión podrá llevar el incumplimiento a la UE.

Para CCOO es difícil de comprender el silencio que mantiene el Gobierno acerca de esta directiva y nadie explica a que obedece el incumplimiento de su transposición.Solo las organizaciones empresariales se han opuesto, pero parece que cuentan con derecho de veto en las decisiones del Consejo de Ministros.

La Directiva 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes incorpora importantes mejoras en los derechos de información de las personas trabajadoras sobre las condiciones en las que se debe desarrollar su trabajo, aporta garantías adicionales sobre la previsibilidad de éstas y sobre la antelación con la que deben conocerse elementos tan importantes como los días en los que debe desarrollarse la actividad laboral, la jornada de trabajo, la realización de horas complementarias en los contratos a tiempo parcial entre otros. Además,la citada Directiva limita la duración del período de prueba.

Su adecuada trasposición a la norma legal española es necesaria para mejorar la calidad del trabajo y reforzar la imposibilidad de que existan contratos a llamada (en los que la prestación laboral no está comprometida y depende de la decisión exclusiva de la empresa, cuándo, cuánto y cómo se desarrolla la actividad laboral) y para permitir mejorar los derechos de información y de certeza en su jornada, especialmente a laspersonas con contrato a tiempo parcial, realizado mayoritariamente por mujeres y por tanto tiene un sesgo de género importante y también con las personas fijas discontinuas, sobre las condiciones de prestación de su trabajo y sobre las posibilidades de mejora en el mismo ampliando su jornada o pasando voluntariamente a jornada completa.

Para CCOO resulta absolutamente incomprensible que el Gobierno apueste por incumplir la normativa europea –arriesgando multas y sanciones– antes que reconocer derechos a las personas trabajadoras, especialmente a las que mayor incertidumbre y precariedad sufren, por dejarse llevar por las presiones empresariales por lo que exigen que, con carácter inmediato, se proceda a aprobar la trasposición de la citada Directiva, pues de no ser así nos esperan meses de incertidumbre y, con seguridad, el inicio de sanciones por la Unión Europea.

Por su parte, el sindicato anuncia que procederá a denunciar el incumplimiento de España en todas las instancias, incluidas las comunitarias, y a exigir la aplicación directa de la Directiva a las relaciones laborales en España, lo que sin duda incrementará la litigiosidad.