La violencia política se quintuplica en Cataluña. Es atribuible a colectivos o personas independentistas en un 96,22%

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, creado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, ha emitido su segundo informe semestral que recopila los incidentes relacionados con la violencia política y el odio ideológico cometidos en Cataluña, en este caso, de julio a diciembre de 2019

En el segundo semestre de 2019 se ha constatado un enorme incremento de los incidentes relacionados con el nacionalismo agresivo. Los episodios de microviolencia han seguido siendo numerosos, como en el primer semestre, pero lo más preocupante es la aparición de fenómenos organizados de guerrilla urbana, especialmente intensos durante la “Semana extrema”, del 14 al 20 de octubre, que han generado situaciones de gran peligro y que han sido la causa de cientos de heridos y muchos daños en propiedades públicas y privadas.

Como datos de relevancia del informe se pueden destacar los siguientes:

Cifra total.- En el segundo semestre de 2019 hemos contabilizado 977 incidentes de violencia política y odio ideológico, cinco veces más que en el primero (en el que fueron 187).

Agresores.- El 96,22% de los incidentes han sido provocados por partidarios de la independencia de Cataluña lo que representa un ligero incremento respecto al semestre anterior (en el que fueron el 91,53%). Los sucesos ocasionados por opositores a la secesión suponen un 2,05%. El resto (1,73%) son incidentes de autoría indeterminada, recíproca (frecuentemente rifirrafes entre conductores atrapados por cortes de carretera y nacionalistas que invaden la vía) o no relacionada con la independencia.

Víctimas.- Los grupos o personas contrarias a la secesión de Cataluña han sufrido el 28,97% de la violencia (283 incidentes), frente al 4,10% (40 supuestos) que han padecido los secesionistas, si bien la mitad de estas últimas agresiones (exactamente 20) han sido provocadas por sectores muy radicalizados del mismo bloque ideológico independentista. Un porcentaje altísimo de actos (el 65%, que suman 645 casos) han sido dirigidos contra personas indeterminadas que han visto restringidos sus derechos fundamentales (libertad de tránsito viario, acceso a los puestos de trabajo o a la universidad) como consecuencia de los actos convocados por partidarios de la independencia que han desencadenado numerosos desórdenes públicos.

Partidos políticos.- En relación con los partidos políticos el más afectado por la violencia, en sus sedes, dirigentes o militantes, sea mediante escraches, agresiones, pintadas, lanzamiento de excrementos, deslucimientos o daños, ha sido el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con 33 incidentes, que representan el 33% del total de agresiones a partidos. Los ataques de Terrassa y Esparraguera se han llevado a cabo con los militantes dentro de las instalaciones. Ciudadanos con 25 incidentes (25% del cómputo) ha sufrido el mayor número de agresiones físicas a sus militantes. El Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya han sido atacados en 13 ocasiones, con la peculiaridad de que en el caso de ERC doce de ellos fueron ejecutados por otros partidarios de la secesión que afeaban a esta formación su pusilanimidad en la lucha por la independencia. PdCat-JxCat también ha recibido 7 ataques de otros grupos secesionistas. Por su parte, Vox ha sido agredido en 5 ocasiones y En Comú Podem (ECP) y la CUP dos veces cada uno. Los partidos constitucionalistas han sufrido 78 ataques y los secesionistas, 22. Las agresiones en el 95% de los casos las han realizado individuos de la órbita secesionista; en el 4%, antisecesionistas, y en el 1% la autoría es indeterminada. Es digno de considerar que los grupos constitucionalistas suelen ser calificados recurrentemente por sus agresores como “fascistas” y sus instalaciones son pintadas con la cruz gamada.

Entidades sociales.- Se han detectado 15 ataques a sedes o personas vinculadas a entidades sociales, 10 del ámbito constitucionalista, 3 del secesionista y 2 del deportivo (atribuibles al sector separatista). La asociación de jóvenes constitucionalista S´ha Acabat, al igual que en el primer semestre, ha sido las más afectada con 4 ataques, los mismos que ha padecido Societat Civil Catalana. En este último caso, no se han contabilizado los cortes de carretera y de vías ferroviarias que promovieron los secesionistas para impedir la asistencia a la manifestación que convocó esta entidad en Barcelona el 27 de octubre. Òmnium Cultural sufre 2 y la Assemblea Nacional de Catalunya, 1.

Instituciones, autoridades y funcionarios públicos.- En cuanto a los ataques a las instituciones (sus instalaciones, autoridades y funcionarios), han pasado de 79 a 204 casos en este semestre. Los más afectados han sido las fuerzas policiales (72 casos). Muchos sucesos son de extraordinaria gravedad como demuestra que durante los disturbios se han producido, entre otros, intentos de derribo de un helicóptero policial con cohetes pirotécnicos o su señalamiento con un láser (con riesgo para sus ocupantes); lanzamientos de artefactos incendiarios, objetos punzantes, pirotécnicos y contundentes y de ácido a los funcionarios de policía; utilización de sierras eléctricas para cortar señales de tráfico; colocación de trampas en las barricadas; intento de asalto de instalaciones públicas (comisarías, casas-cuarteles, subdelegaciones del Gobierno, incendio de una Delegación de Hacienda); quema de numerosos contenedores y elementos del mobiliario urbano y privado; intento de linchamiento a agentes de policía que quedaron aislados en los tumultos; ocupación del aeropuerto de El Prat con cientos de pasajeros y empleados atrapados; intento de acceder a las pistas de la terminal 1; y actos de pillaje en establecimientos comerciales y de vandalismo en instalaciones del metro.

Algunos hechos denotan una extraordinaria deshumanización en relación con las personas afectadas, como la profanación de tumbas de siete soldados y guardias civiles en el cementerio de Sant Andreu (Barcelona) o las mofas a un paracaidista militar accidentado.

El Rey (con 19 incidentes frente a 5 en el primer semestre) ha sido objeto especial de la ira del nacionalismo radical, con numerosos actos de escarnio de su figura (quema de su fotografía, ahorcamiento de su efigie, colocación de guillotinas con una corona…). Asimismo se produjo el boicot a la entrega de los premios Princesa de Gerona en el Palacio de Congresos de Barcelona con agresiones y acoso a los asistentes y cortes de vías públicas para impedir el acceso a los interesados.

Desórdenes públicos.- Han experimentado un crecimiento exponencial los cortes de carreteras y de vías ferroviarias mediante su invasión por manifestantes secesionistas o mediante la colocación de neumáticos, vallas, bloques de hormigón o muebles varios a modo de barricada, muchas veces incendiados y en algún caso con participación de menores de 12 años o derribando árboles sobre la vía. Los actos de sabotaje de las instalaciones ferroviarias han revestido especial virulencia: cambios de agujas que se han recubierto de cemento, destrozos en la fibra óptica e instalaciones eléctricas del AVE, etc.

Todo ello ha supuesto un atentado cotidiano contra la libertad deambulatoria de cientos de miles de ciudadanos, un riesgo para la seguridad viaria (se han producido choques de trenes contra los obstáculos colocados en las vías y de una conductora contra una barricada), un perjuicio económico a miles de trabajadores y empresas, y un daño grave al erario. Además, los cortes de tráfico han provocado algunos atropellos de manifestantes por parte de conductores atrapados en los atascos y numerosos enfrentamientos entre los que impiden el tránsito y los que quieren circular. Se han contabilizado 635 desórdenes públicos de esta naturaleza por 36 durante el primer semestre.

Prensa.- Los periodistas constituyen uno de los colectivos que más ha sufrido actos de acoso, golpes, insultos, salivazos, lanzamientos de latas, botellas… en los actos convocados por las entidades nacionalistas (25 casos). Otros dos casos son de autoría indeterminada. En el primer semestre se registraron solo 6 (también atribuibles a personas o colectivos secesionistas).

Agresiones recíprocas.- Dos de los incidentes más graves acontecieron durante la “Semana Extrema”: el 17 de octubre ultras españolistas agredieron salvajemente a un joven independentista y ultras catalanistas se ensañaron con una persona de apariencia ultraderechista. Ambos resultaron con graves heridas.

Empresas.- Los grupos independentistas han realizado campañas llamando al boicot comercial de grandes empresas (Zara, Telefónica, La Caixa, etc.) han ocupado sucursales bancarias, y han elaborado listas negras de los hoteles en los que se hospedaban policías nacionales y guardias civiles. Especial objeto de inquina ha padecido la empresa de panadería de Josep Bou, concejal del Partido Popular en Barcelona. Se ha pasado de 4 incidentes en el primer semestre a 36 en el segundo.

Terrorismo.- En este semestre se ha producido la detención de nueve personas adscritas al ámbito secesionista acusados de fabricar explosivos y planear tomar el Parlamento autonómico. Se han detectado cinco supuestos de enaltecimiento del terrorismo, con gritos a favor del asesinato de funcionarios de policía, apelaciones directas al uso de la violencia, distribución de manuales para realizar actos violentos…

Hispanofobia.- Se han calificado como hispanofobia 36 casos. De estos destacamos las propuestas de sanción a todos los alumnos de una clase porque algunos de ellos hablaban en castellano; la prohibición a los mossos d´esquadra de emplear el castellano, salvo en conversaciones privadas; las quemas de la bandera constitucional y las agresiones a personas que la llevaban; el acoso en un centro de salud a una doctora que utilizó el castellano con una paciente; el trato vejatorio a una menor que llevaba simbología española por parte de una monitora escolar; y la utilización de niños en la divulgación de vídeos con mensajes hispanófobos.

Ubicación geográfica.- Las áreas más castigadas por la violencia política han sido la ciudad de Barcelona (333 actos que representan el 34,09% del total; el área metropolitana de Barcelona (141 actos, que alcanzan el 14,43%), y la provincia de Gerona (109 actos, que suman el 11,16%). La ciudad de Barcelona registra un porcentaje de violencia muy superior al que correspondería por su población, debido esencialmente a la concentración de sedes institucionales que fueron objeto de numerosos ataques durante la “Semana Extrema”. La provincia de Gerona también fue sede de muchos incidentes, algunos de notable gravedad como los acontecidos en la frontera con Francia.

Concentración cronológica.- El mes más violento ha sido con diferencia octubre. Se han constatado un total de 684 incidentes, de los cuales 534 acontecen en lo que hemos definido como la “Semana extrema” que va del 14 al 20 de octubre, y que tiene como desencadenante la sentencia de condena a los líderes del procés por sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Una característica novedosa de los episodios detectados es que una gran parte de ellos han sido convocados por organizaciones semiclandestinas o no registradas oficialmente como Tsunami Democràtic o Pícnic per la República, que han contado con la aquiescencia e incluso colaboración de dirigentes nacionalistas en su creación, según ha informado la prensa a partir de fuentes policiales.

La violencia descrita no es una mera reacción esporádica, sino la exteriorización de una violencia latente durante décadas, alimentada por un discurso de odio ideológico que demoniza las instituciones judiciales y los símbolos comunes españoles y que desprecia las reglas del juego democrático. Este discurso, alentado desde las instituciones gobernadas por las formaciones nacionalistas, inculca frustración, resentimiento y fobia a lo español y tiene el riesgo de una pradera seca en la que puede prender cualquier pequeña chispa. Además, la práctica de ese discurso conlleva la vulneración de los derechos fundamentales de miles de personas que se ven secuestradas por los intentos de amedrentamiento que ejecutan grupos alimentados de fanatismo excluyente.

El discurso del odio se basa fundamentalmente en la desinformación y en Cataluña se ha elaborado eficazmente desde las instituciones públicas. En este sentido, nos parece especialmente grave que la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña presente con apariencia científica informes sobre intolerancia política en los que utiliza una metodología sesgada que conduce a un resultado completamente falso. Lo que denomina “derecho a la protesta” no justifica episodios tan violentos y cargados de odio ideológico como los vividos en Cataluña el pasado otoño. El principal vector de los incidentes es el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo de una parte muy significativa del independentismo catalán.

Baste señalar que en el informe de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos solo se han detectado 53 incidencias de intolerancia política en el segundo semestre de 2019. Algunas de las cuales no merecen ese calificativo. En cambio, en el informe que presentamos se han contabilizado un total de 977, algunas de una enorme gravedad. Otro dato, muy sorprendente es que, según el informe de la Generalitat, el principal peligro para la convivencia en Cataluña es la presencia de grupos españolistas, cuando según se demuestra en el estudio realizado por este Observatorio, el activismo de estos colectivos es residual, a diferencia de los colectivos independentistas que son responsables del 96,22% de los incidentes violentos.

Para impedir el progreso de la violencia resulta esencial que las instituciones eduquen en valores democráticos, respeten la diferencia, defiendan el Estado de Derecho, sean ejemplares en el ejercicio de la solidaridad, defiendan la igualdad en derechos y obligaciones sin distingos étnicos, lingüísticos y económicos, y trabajen por la convivencia y por una sociedad correctamente informada que denuncie los discursos de odio. Para contribuir a ello y combatir el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo haremos llegar a diversas instancias el informe que ahora se presenta.

Barcelona, 7 de mayo de 2020.