Socorristas de Catalunya denuncian precariedad laboral y medios obsoletos

Comunicado

Actualmente no hay un convenio propio, tampoco regulación del sector, tanto a nivel autonómico como estatal. La ley que rige el salvamento y socorrismo en las costas del estado es del año 1972. Esta ley delega la responsabilidad de los servicios de vigilancia de salvamento a los ayuntamientos, que a su vez, lo hacen a subcontratas, privatizando el sector y dejando en manos de empresas privadas la seguridad de los bañistas. Al no estar regulado, cada ayuntamiento licita estos servicios con las condiciones que les parezcan oportunas. Como norma general, se puntúa con mayor valoración a la oferta económica más baja, dejando en un segundo plano las propuestas técnicas sobre cómo y con qué recursos se llevarán a cabo el servicio de vigilancia, con lo cual, las empresas pujan a la baja, recortando en salarios del personal y recursos técnicos y materiales. Tampoco se suelen realizar controles para comprobar que las empresas adjudicatarias cumplan con los pliegos de condiciones.

El salario en la mayoría de los casos es el mínimo interprofesional o cercano a él. Los convenios que se aplican no son apropiados con la función del socorrista. Algunas empresas crean sus propios convenios (con la firma por parte de dudosos representantes de los trabajadores) que son aún más precarios que los utilizados en el sector. Es habitual que ni siquiera se respeten estos pobres convenios colectivos, generando aún más precariedad.

Las jornadas laborales son de 9 o 10 horas diarias y no se suele cumplir el descanso semanal que establece la ley. Por lo general, los socorristas trabajan 6 días a la semana y uno de descanso, pero también se da la situación donde trabajan todos los días sin descanso durante varios meses. Muchos no tienen descansos durante el día como para comer o incluso ni siquiera para ir al baño en algunas ocasiones.

No existe prevención de riesgos laborales en el sector. No se entregan los EPIS apropiados en la mayoría de casos: ropa sin certificación de filtro UV, tampoco gafas de sol con la protección recomendada, sombreros ni crema solar. Las empresas y los ayuntamientos no realizan las evaluaciones de riesgos laborales de los puestos de trabajos ni la de riesgos psicosociales. Los puestos de vigilancia no cumplen con la LPRL, siendo estos potencialmente peligrosos para el trabajador al no proteger de la climatología: frío, calor, viento, lluvia, radiaciones ultravioletas, descargas eléctricas, ni tampoco de los riesgos biológicos, no son ergonómicos lo cual genera problemas musculoesqueléticos. Tampoco se realizan revisiones dermatológicas, habiendo ya casos confirmados de socorristas con cáncer de piel y siendo este un gran problema porque a día de hoy esta dolencia no está reconocida como enfermedad laboral. Otro gran problema es la asignación de tareas ajenas a las funciones del socorristas, cómo hacer de camarero o mantenimiento en piscinas de hoteles o instalaciones deportivas o gestionar hamacas de alquiler en las playas.

Las administraciones, al no optar por otro modelo de salvamento y socorrismo, generan que sea un trabajo temporal y esto sumado a las condiciones mencionadas anteriormente hacen que no haya interés por la población local en esta profesión. Las empresas buscan personal en el extranjero, en su mayoría son personas muy jóvenes y en muchos casos con necesidades económicas y sin conocimientos del ordenamiento jurídico estatal. Los empleadores someten a sus trabajadores al acoso laboral a través del miedo o amenazas para que estos no reclamen. La mayoría de los intentos de reclamos terminan en despidos. Todo esto genera una indefensión total del socorrista, debido a que resulta muy difícil que un trabajador pueda y se atreva a reclamar.

La precarización y la falta de regulación, sumado a que no se está trabajando en materia preventiva: enseñanza de natación, primeros auxilios y cómo actuar ante una emergencia en la educación obligatoria, da como resultado una media de 40 ahogados por año en Catalunya y 370 a nivel estatal según el informe INA de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, aunque las cifras podrían ser aún mayores al no contar con datos oficiales de las administraciones públicas.

En el caso de Catalunya, el 1 de enero de 2019 entró en vigor el ente sancionador de la “Llei de l’Esport” 3/2008 y su posterior modificación 7/2015, que obliga a los profesionales del deporte a estar inscriptos en el ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya), luego de finalizar el período de 10 años de moratoria. Con la aparición de los reales decretos 878/2011 y 879/2011, los profesionales del salvamento y socorrismo quedan incluidos en la “llei de l’Esport”, con lo cual deben estar registrados en el dicho registro para poder ejercer como socorristas.

Desde a la asociación de empresas catalanas de salvamento (AECSA), afirman que no habrá profesionales suficientes para cubrir la demanda de socorristas durante esta temporada, alegando a que la normativa de contratación es muy exigente. También alegan que la formación oficial en Catalunya para ser socorrista es muy larga y costosa. Estas afirmaciones distan mucho de la realidad y están encaminadas a defender los intereses de las empresas del sector que han tenido vía libre para hacer lo que han querido durante muchísimos años, denigrando la figura del socorrista y poniendo en peligro la seguridad de los bañistas. Volver a las antiguas formaciones y seguir ampliando la moratoria del ROPEC no solo serían un gran retroceso de las pocas cosas que se han hecho bien en el salvamento y socorrismo, si no que permite que las empresas sigan denigrando la profesión y a los trabajadores.

Desde la CGT denunciamos que la falta de socorristas no es debido a las causas que menciona AECSA, si no por el contrario, se debe a las muy precarias condiciones económicas y laborales de las empresas de salvamento y socorrismo, además de la falta de regulación del sector y de reconocimiento profesional y social del socorrista. En muchas comunidades autónomas aún sigue siendo una formación no oficial, que dedica muchas menos horas a la preparación del socorrista, incluso dándose casos de formaciones de socorristas por internet. El que se haya reglado la formación beneficia al trabajador, porque lo incluye dentro de una categoría de técnico profesional, está sujeta a controles (algo que antes no sucedía con las formaciones antiguas) y prepara y forma mejor al socorrista.

La Generalitat de Catalunya tiene 6 departamentos con competencias que están vinculadas al salvamento y socorrismo: Presidencia; Interior; Educación; Territorio y Sostenibilidad; Salud; Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, pero no están coordinados entre ellos, ni tampoco quieren tomar cartas en el asunto.

Desde la CGT defendemos, que cuando esta situación se revierta, donde un socorrista tenga unas condiciones salariales y laborales dignas, cuente con los medios adecuados para realizar su labor, se tomen las medidas necesarias para cuidar su salud, se busquen soluciones para la temporalidad y además tenga un reconocimiento profesional y social por el trabajo que desempeña, que es velar por la seguridad de las personas en el medio acuático y en definitiva salvar vidas, estamos convencidos que éste será el trabajo de su vida.