En Comú Podem pregunta al Gobierno cuáles son sus competencias en Igualdad después del “no nos metamos en eso” de Rajoy respecto a la equiparación salarial entre hombres y mujeres

Maria Freixanet, senadora de En Comú Podem por Barcelona, quiere saber “cuáles cree el Gobierno que son sus competencias en materia de Igualdad”, después de las declaraciones de hoy del presidente del Gobierno. Mariano Rajoy, preguntado por la posibilidad de regular legalmente la equiparación salarial de hombres y mujeres, ha desechado la cuestión con un explícito “no nos metamos en eso”, llegando a afirmar que “los gobernantes deben ser cautos respecto a cuáles son sus competencias”.

A pesar de que el artículo 9.2 de la Constitución Española insta a los “los poderes públicos (a) promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas”, el Gobierno parece desentenderse de su obligación. También olvida el propio Mariano Rajoy la vigencia de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

No obstante, para la senadora Freixanet, “hay un problema real y cotidiano en nuestro país cuando existe una brecha salarial de hombres y mujeres que se sitúa entre un 17 y un 25% respecto al salario que reciben por desempeñar el mismo trabajo o de igual valor”. La senadora de En Comú Podem lamenta “la indiferencia del Gobierno hacia un problema que nos afecta a las mujeres, el machismo que nos empobrece, así como la ignorancia de la propia Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a garantizar la igualdad efectiva”.

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en noviembre de 2017, hace escasamente dos meses, una Proposición de Ley para la Igualdad Retributiva en el Congreso de los Diputados. Todavía pendiente de ser votada en la Cámara Baja, la iniciativa legislativa plantea la necesidad de realizar una correcta valoración de los diferentes puestos de trabajo, con el objetivo de que se garantice una igual retribución para trabajos de igual valor. Por otra parte, la Proposición de Ley registrada propone medidas en transparencia y derecho a la información, así como la realización de una auditoría salarial.