Los activistas que protestaron pacíficamente contra la exportación ilegal de armas en 2018 en Bilbao, condenados a un año de prisión
- No tendrán que ir a la cárcel porque la Fiscalía y la defensa han solicitado la suspensión de la pena, que finalmente ha acordado el juez.
- Greenpeace denuncia la criminalización de quienes protestan pacíficamente mientras el Gobierno sigue autorizando la exportación de armamento a países involucrados en conflictos.
Los cuatro activistas de Greenpeace, sobre los que pesaba una petición de la Fiscalía de tres años y medio de cárcel, han sido finalmente condenados a un año de prisión, aunque no tendrán que cumplir la pena después de que el juzgado la haya suspendido tras la solicitud del Ministerio Público y la defensa.
La Fiscalía ha retirado la acusación de un delito de atentado contra la autoridad a cambio de la aceptación de los cargos de desobediencia y daños contra una embarcación de la Guardia Civil. Los cuatro activistas deberán pagar además multas por un importe total de algo más de 12.000 euros.
Los hechos se remontan a febrero de 2018, cuando un grupo de activistas realizó una protesta pacífica en el puerto de Bilbao contra el envío ilegal de armamento a Arabia Saudí. Cuatro de las personas que participaron en la acción de denuncia pacífica fueron detenidas y acusadas de un delito de atentado contra la autoridad, finalmente retirado.
Greenpeace valora positivamente que los activistas no tengan que entrar en prisión, pero lamenta el aumento de la criminalización de la protesta pacífica que en los últimos años se ha visto acentuada con normas como la ley mordaza. Además, la organización ecologista recuerda que durante todo este tiempo se han seguido exportando armas a países involucrados en la guerra de Yemen.
“Ayer conocimos cómo el Gobierno actúa en connivencia con la industria armamentística para facilitar la exportación de armamento aun sabiendo que puede ser utilizado por países involucrados en el conflicto de Yemen”, ha declarado Javier Raboso, portavoz de Greenpeace. “Sería deseable que el Gobierno acabara con el secretismo en las operaciones de exportación de armas y que cumpla la legislación nacional e internacional para evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos, en lugar de perseguir a las personas que protestan pacíficamente contra estas prácticas deleznables”, ha añadido Raboso.
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