Human Rights Watch y Amnistía Internacional inician en el estado español la semana de denuncia del apartheid israelí

Comienza la semana para denunciar el apartheid de Israel en varios puntos del estado español. Del 17 al 23 de marzo de 2022, el director ejecutivo adjunto de defensoría de Human Rights Watch (HRW), Bruno Stagno, y varias personas representantes de Amnistía Internacional (AI), realizarán en Madrid, Euskadi, Catalunya y Valencia reuniones con grupos parlamentarios y actos públicos para presentar sus respectivos informes sobre los delitos de lesa humanidad de apartheid y la persecución que el estado de Israel perpetra contra la población palestina.

Pero, antes de avanzar con la descripción de las actividades que se llevarán a cabo y de los informes que se presentarán en esta semana de denuncia, cabe detenerse un momento para explicar en qué consiste exactamente el crimen del apartheid y por qué constituye un delito de extrema gravedad: se trata de un término jurídico universal que fue acuñado originalmente en Sudáfrica, y constituye un principio fundamental del derecho internacional que establece la prohibición de formas especialmente graves de discriminación y opresión institucional. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad, entendiendo que el mismo se da cuando existe la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro en un contexto de opresión sistemática; tanto las referidas convenciones como los organismos que señalan el apartheid definen el mismo partiendo de una comprensión amplia del concepto de raza, la cual abarca no sólo los rasgos genéticos sino también a la ascendencia y el origen nacional o étnico.

El informe de Human Rights Watch, de 224 páginas y publicado en abril de 2021 con el título “Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”, fue en su momento inusual, ya que marcó un punto de inflexión frente a una tendencia general de denuncias limitadas e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos contra la población palestina. En efecto, hasta el momento, la ciudadanía -al menos, la de los países del norte global- se había habituado, en medio de una considerable confluencia de silencios cómplices de las potencias occidentales, a tener que escudriñar en informes y documentación de medios independientes, movimientos y activistas con menor influencia y visibilidad para conocer y corroborar que, efectivamente, Israel comete crímenes de lesa humanidad de apartheid contra la población palestina.

La ONG estadounidense había evitado utilizar abiertamente la palabra “apartheid” hasta ese momento, a pesar de que ya había publicado con anterioridad otros documentos sobre la grave situación de los derechos humanos en Israel y Palestina. Pero con la publicación en 2021 del informe que esta semana se presentará en las principales ciudades del estado español, HRW decidió dar un paso adelante en el reconocimiento de un escenario de violencias sistemáticas que hunde sus raíces en las estructuras de dominación como política general del gobierno israelí. Las aseveraciones más destacables de esta publicación son las siguientes: que el gobierno israelí es la única autoridad que gobierna un territorio -comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo- poblado por dos grupos de similar tamaño; y que el gobierno israelí favorece metódicamente a los israelíes judíos mientras reprime a la población palestina -y con mayor severidad aún en territorio ocupado-.

El recorrido de Amnistía Internacional en el señalamiento del carácter histórico y estructural del sistema político, social y económico de violencia institucionalizada, de la discriminación y desposesión de la población palestina por parte del estado de Israel se asemeja al de HRW: aunque se demoró casi un año más en salir a la luz, el informe divulgado este febrero de 2022 por AI, de 182 páginas y bajo el título de “El apartheid israelí contra la población palestina: cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad”, llega a la misma conclusión a través de una minuciosa documentación de los hechos que ratifican la perpetración de crímenes de apartheid contra la población palestina; el elemento novedoso del informe de AI lo constituye el señalamiento de la segregación que sufre también, además de los y las palestinas que viven en Israel y en los territorios palestinos, la población refugiada que reside fuera de Israel y fuera de los territorios ocupados.

Por supuesto, igual que ocurre con los territorios del Sáhara Occidental ilegalmente ocupados por Marruecos, las violaciones de derechos humanos del apartheid que denuncian las dos organizaciones se encuentran estrechamente vinculados con intereses económicos que emergen a la dimensión material: en el estado Israel y en el territorio palestino ocupado, las autoridades israelíes maximizan la cantidad de tierra disponible para las comunidades judías y concentran a la población palestina en zonas con cada vez mayor densidad, lo cual refleja una clara estrategia demográfica que es, a la vez, germen y producto de las habituales prácticas discriminatorias institucionalizadas hacia la comunidad palestina. En tanto se impone un régimen militar draconiano a la comunidad palestina, se le suspenden los derechos civiles más básicos como la residencia o la reunificación familiar y se destinan presupuestos residuales a sus escuelas, la población israelí goza de unas buenas infraestructuras, educación y una condición de libertad que sería impensable para cualquier persona palestina.

Esta realidad de extrema gravedad no se esfumará mientras EEUU y Europa sigan sosteniéndola con una actitud que se podría calificar, sin duda, de hipócrita:  mientras las potencias occidentales se niegan a inmiscuirse en los “asuntos internos” de Israel y mantienen relaciones comerciales con el país -Israel participa en el programa Horizonte, un programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2021-2027; asimismo, sigue vigente el Acuerdo de Asociación UE-Israel-, realizan condenas puntuales que resultan, según AI, “anodinas y ambiguas”. Por esta razón, esta organización que lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos a nivel global insta a los estados que apliquen la jurisdicción universal para llevar ante la justicia a los israelíes que perpetran crímenes de apartheid y pide a la Corte Penal Internacional que incluya el crimen de apartheid en la investigación que está realizando sobre la situación en los territorios ocupados. Urge una enérgica intervención de la comunidad internacional para acabar de una vez con el sufrimiento del pueblo palestino que se prolonga indefinidamente.