Protesta contra los recortes y la criminalización de los derechos sociales de Lanbide

La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria”, y la plataforma contra la exclusión y en defensa de los derechos sociales Berri-Otxoak, protestan contra la campaña de criminalización y recortes que aplica Lanbide a miles de personas empobrecidas, pensionistas o con empleos precarios.

Olentzero y Mari Domingi instalan ante la oficina de Lanbide del barrio bilbaíno de Miribilla un buzón para denunciar el fraude fiscal -nunca perseguido- del gran capital y fortunas, empresarios, principales fábricas vascas, profesiones liberales y compañías que obtienen millonarios beneficios como Kutxabank, bancos, Iberdrola o Repsol.

A lo que debemos sumar que Lanbide ha decido modificar la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo lo que supondrá recortar a 8.030 personas trabajadoras con empleos en precario 100 euros mensuales a su prestación, cuando estas personas se encuentran en la misma situación de precariedad laboral.

Las últimas iniciativas del Gobierno Vasco para criminalizar a las familias en situación de pobreza son un «buzón antifraude» y promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras de prestaciones sociales.

A través de este “buzón antifraude” Lanbide pone alfombra roja a todas aquellas expresiones racistas, machistas y de odio generalizado hacia las personas en situación de pobreza; como ejemplo, cabe señalar que estas denuncias de “fraude” han tenido en muchos casos a mujeres en procesos de ruptura, separación y divorcio como protagonistas o a personas migradas, todas ellas, víctimas del machismo, del racismo y la xenofobia.

De esta manera, Lanbide pone herramientas que facilitan el control, maltrato y acoso que sufren las personas perceptoras de prestaciones sociales por su situación de vulnerabilidad económica, además de las desigualdades estructurales a las que se enfrentan cotidianamente.

El «buzón antifraude», y los registros de la Ertzaintza, vinculan a las familias perceptoras de prestaciones sociales con el fraude y criminalizan y estigmatizan a las personas y a las familias más empobrecidas y vulnerables, a pesar de que, según datos del propio Gobierno Vasco, éste es prácticamente inexistente, con una tasa del 0,2%.

Ante esta situación, para denunciar la imposibilidad de llegar a fin de mes -y los recortes sufridos por las personas trabajadoras precarias y empobrecidas- diferentes entidades sociales aquí presentes exigen la defensa de los derechos sociales y el cese inmediato de las políticas de recortes y criminalización de la pobreza.