Ventonoso deja al descubierto la estrategia de Gas Natural Fenosa en el proyecto eólico Mouriños

La asociación, dependiente del sindicato Unións Agrarias, lleva doce años trabajando en el tema eólico y en defensa de los propietarios afectados por este tipo de proyectos. En el acto participaron el presidente de Ventonoso José Antonio Diéguez, el coordinador del área de desarrollo rural del sindicato, Jacobo Feijóo y el responsable de la entidad en la localidad de Carballo, Ramón Saleta.

Durante la sesión, se advirtió a los propietarios de que la implantación de un parque eólico conlleva un notable cambio en la calificación y valoración de los terrenos, que pasan de ser suelo rústico a suelo industrial multiplicando en el proceso su valor, hecho del que las compañías promotoras nunca advierten a los residentes y del que obtienen un gran beneficio

Por otra parte, desde Ventonoso y Unións Agrarias se indicó que en los arrendamientos por parte de las compañías eléctricas, habitualmente realizados con contratos a 30 años prorrogables, son los propietarios los que tienen que hacerse cargo de la facturación, lo que puede originar una serie de gastos de gestión que en muchas ocasiones pueden hacer inviable este tipo de acuerdos.

ANÁLISIS DEL PROYECTO EÓLICO MOURIÑOS

En la jornada también se analizó en detalle el planteamiento del nuevo proyecto eólico de Gas Natural Fenosa en la Costa da Morte,  la situación legislativa y los efectos de este tipo de instalaciones industriales, y cómo el contrato tipo aplicado por la compañía incluye una serie de condiciones que no benefician en absoluto a los afectados por este tipo de proyectos.

Al respecto José Antonio Diéguez, presidente de Ventonoso, recordó que el arrendamiento propuesto por Gas Natural Fenosa en sus proyectos gallegos incluye la propiedad de los derechos de superficie de las fincas completas, algo que la compañia siempre utiliza en beneficio propio y que en último término perjudica a los pequeños propietarios.

Diéguez insistió en que, debido a la situación legislativa actual, muy favorable a los intereses de las empresas energéticas, son estas las que imponen sus condiciones y que conviene no precipitarse porque «para firmar siempre hay tiempo».