Las obras de un parque eólico de Naturgy autorizado por el PP de Núñez Feijóo devastan parte de una sierra costera en Galicia

Si bien el activismo y las gestiones llevadas a cabo en los últimos años por parte de formaciones políticas como En Marea y numerosas asociaciones como la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), Salvemos Cabana o ADEGA -entre otras-, han dado sus frutos al conseguir la conservación del primer pico del macizo, el resto del área se ha visto afectado y según denuncian los ecologistas, el resto del espacio natural «tiene los días contados» dado que las obras han modificado de manera signiticativa el entorno y la restitución a su estado original ya no resulta posible. 

Desde las organizaciones se preguntan «para qué sirve una Consellería de Medio Ambiente que se muestra incapaz de proteger de manera efectiva la naturaleza y la integridad del territorio» y «si este es el modelo que defiende para Galicia» Alberto Núñez Feijóo como presidente dela Xunta, «en el que lugares de alto valor paisajístico se transforman por imposición en suelo industrial utilizando la declaración de utilidad pública y las expropiaciones forzosas a beneficio de los grandes intereses empresariales.

La SGHN afirma que el proyecto Mouriños continúa «con la tradición de la mala o nefasta evaluación de impacto ambiental de los parques eólicos en Galicia» y evalúa «de modo muy incorrecto» el impacto del parque eólico sobre el medio natural.  

Desde Salvemos Cabana culpabilizan a la Ley 5/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales dado que en la práctica «impide que prospere cualquier tipo de recurso legal», lo que puede causar que el parque eólico de Mouriños «sea el primero de muchos» dado que esta norma «simplifica y acelera al máximo los procedimientos, contemplando la tramitación conjunta de diversas fases como la autorización administrativa previa, la de construcción y el proyecto sectorial mientras el procedimiento de información pública pasa a ser meramente testimonial, lo que recorta los derechos de las poblaciones afectadas e impide evaluar correctamente cualquier tipo de proyecto industrial que pretenda instalarse en el territorio». 

ADEGA, por su parte, recuerda que tal como han demostrado diversos estudios, la planificación eólica del PP ha sido «muy favlorable para los grandes grupos empresariales y muy lesiva para el interés público y el medio ambiente».