LIBERA! y Fundación Franz Weber trasladan a Medio Rural varios casos de crueldad contra los animales
Las prácticas ganaderas crueles hacia los caballos también se están extendiendo a otros animales, como han denunciado la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber, que detectaron en las últimas semanas diversos casos de vacas y burros con las patas atadas con 'pexas' y cadenas.
Los animalistas recuerdan que estas prácticas suponen un tormento continuado, provocando en los animales sufrimientos físicos y psíquicos, llegando a causar mutilaciones en las patas, accidentes en carreteras o heridas que jamás reciben una atención veterinaria mínima, mientras que los responsables quedan impunes con facilidad.
Estas organizaciones ya han trasladado a la Consellería de Medio Rural varios casos de ganado bovino y de burros en condiciones de maltrato extendido en el tiempo, reclamando una actuación contundente contra los ganaderos que colocan estos artefactos, y que se benefician del ‘pacto de silencio’ todavía existente en muchos núcleos rurales, donde se considera «tradicional» encadenar a los animales.
En este sentido FFW y LIBERA! han impulsado una propuesta, ya avalada por más de 144.000 firmas en la plataforma de cambio social Change.org para dotar a Galicia de la primera Ley de Protección Equina, una norma específica que podría servir como base para la erradicación de prácticas todavía visibles en la comunidad, desde las pexas hasta las cuerdas o cadenas.
Con respecto a los bóvidos, los animalistas advierten que es frecuente ver vacas con las patas atadas a la cabeza, limitando los movimientos de los propios animales de una forma peligrosa y favoreciendo la aparición de dolencias físicas de carácter grave, cuando éstos deberían estar sometidos a una mayor labor fiscalizadora por parte del gobierno gallego por suponerse animales que entran en la cadena alimentaria.
Han planteado también la realización de campañas específicas para recordar los estándares de bienestar sobre estos animales, además de vincular las futuras ayudas públicas al cumplimiento estricto de la normativa sobre protección animal.
Estas organizaciones no olvidan el reciente caso del ourensano acusado de maltrato animal que presuntamente dejó morir a una cuarentena de ovejas en una granja de A Lama, y que recibiera una ayuda de 22.000€ en el marco del programa para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Un dinero que todavía no se habría recuperado.
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