Organizaciones sociales, ecologistas y sindicales cargan contra la ley de fomento de implantación empresarial del PP
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), la Confederación Intersindical Galega (CIG), la Federación Rural Galega (FRUGA), y la Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM) advierten que la iniciativa planeada por el Partido Popular "supone una desregulación de facto, que elimina cautelas ambientales y derechos de los administrados para otorgarle patente de corso a empresas mineras y pastero-energéticas" socavando "profundamente" el interés general "al modificar sustancialmente la tramitación administrativa de determinados proyectos", lo que puede convertir a la Consellería de Industria en un "supraorganismo" con poder de imponer su criterio "por encima de cualquier otra consideración".
Para los colectivos, «queda también clara la intención del PP de abrir el país, tal como ha hecho la UE con el CETA, a los fondos de inversión y a la economía especulativa cuyos intereses primarán por encima del medio ambiente, de la salud y de los derechos de la ciudadanía«.
Desde las entidades se señala que la norma «es un auténtico cajón desastre» que modifica «por la parte de atrás» otras disposiciones «con la intención de apartar estorbos de todo tipo a costa de las garantías ambientales, del interés general y de la participación pública».
Así, la profunda modificación que sufren normas como la ley minera y la ley eólica, o la ley de montes, el PP da a entender que pasa a considerar como trabas «el derecho a la participación ciudadana, el buen gobierno y la transparencia en los procedimientos administrativos» en este tipo de proyectos industriales.
Para los colectivos «no parece» que acudir «a la vía de urgencia» sea el mejor modo de promover la participación de la ciudadanía en una norma «de tanto calado», sobre todo cuando con la aprobación de esta Ley, la Consellería de Industria «mete baza» no sólo en la legislación propia, sino «en el medio ambiente, en los montes, en el patrimonio, en el tratamiento de residuos o en la gestión hidráulica», quedando como «máximo órgano sustantivo» y «arrogándose la potestad de decidir sobre aspectos clave de otras planificaciones sectoriales».
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