El Ayuntamiento de Touro autorizó la construcción de un centro de tercera edad y una escuela infantil en terrenos afectados por la contaminación de la antigua mina a cielo abierto
Según denuncia la Asociación Aldea Viva, en la Comisión de Gobierno del 19 de enero del 2000, el consistorio dió luz verde mediante un trámite de excepción a la construcción de la residencia en suelo rústico en antiguos terrenos mineros en el área de Fonte Díaz "por la dinámica económica que el mismo generaría" y teniendo en cuenta "que el uso que se pretende dar a las instalaciones es compatible con las características del entorno".
Tras la edificación del inmueble, además, se acabó instalando en la zona un sistema dotacional público incluyendo un punto de atención a la infancia, un parque biosaludable para adultos, un conjunto de pistas polideportivas y una piscina, la Casa de la Cultura, la oficina de Protección Civil, un Taller de Empleo, un área de autocaravanas e incluso el Centro de Interpretación del Río Ulla.
Sin embargo, y tal como ha podido verificar sobre el terreno la asociación Aldea Viva, las aguas de la zona inmediata al área dotacional tienen elevados niveles de contaminación presentando características hiperácidas e hiperoxidantes y niveles de pH que están por debajo de 3.5, lo que según el colectivo «está permitiendo la movilización al entorno de metales pesados y otros elementos indeseados que suponen un factor de riesgo para la salud pública».
Desde hace más de diez años, Aldea Viva viene denunciando los permiciosos efectos derivados de la actividad minera a cielo abierto en la mina de cobre de Touro, en la que tras la obtención del mineral, se abandonaron a la intemperie y sin restauración alguna una serie de cortas y escombreras de materiales fácilmente meteorizables a nivel ambiental, y donde las escorrentías han terminado por contaminar suelos y diversos cursos fluviales de la cuenca del Ulla como el Pucheiras, el Ameneiro Lamas o el Portapego.
Para la entidad, «esta situación es del todo incompatible con la Directiva Europea 2006/21/CE, que exige que las autoridades garanticen que las empresas explotadoras tomen tantas medidas como sean necesarias para prevenir la contaminación de aguas y suelos, evaluando y previniendo la generación de lixiviados y recogiendo y tratando las aguas contaminadas, algo que en absoluto ha sucedido en el caso de Touro».
Por eso la asociación, sin perjuicio de elevar el caso a las instancias que proceda, ha anunciado «que continuará investigando de manera exhaustiva el cómo puede haberse llegado a esta situación inadecuada desde cualquier punto de vista, examinando a fondo los acuerdos municipales y todos los detalles de cómo estos terrenos pudieron acabar siendo utilizados para la instalación de infraestructuras de uso público sin las correspondientes garantías».
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