El CPXG se dirige a los políticos gallegos
El Colexio de Xornalistas les señala iniciativas "para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz” y la independencia de los informadores.
La Xunta de Gobierno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) se ha dirgido a todos los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones autonómicas en esa comunidad para pedirles que desarrollen en la próxima legislatura las “siguientes premisas para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y de los/las periodistas a desarrollar su trabajo en un estado libre y democrático, toda vez que el derecho a información es uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano/na:
1. Estatuto del Periodista Profesional. Ley de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía. Su aprobación es una de las materias pendientes. Desde Galicia se tiene que impulsar su definitiva consagración. Sólo así se podrá garantizar que los/las periodistas realicen su trabajo con libertad e independencia.
2. Medios Públicos Gallegos. El CPXG lleva, prácticamente desde su constitución, trabajando en un nuevo modelo de medios públicos que garantice su independencia y pluralidad. El Colegio participó en el proceso de elaboración de la Ley 9/2011 de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia pero, casi cinco año después, aun no se implementaron algunas de sus disposiciones más importantes. Entre ellas, el establecimiento de un estatuto profesional y de un consejo de informativos, la elección del/a director/a general de la CRTVG por mayoría parlamentaria reforzada o la puesta en marcha de una autoridad audiovisual independiente. El cumplimiento íntegro de la Ley es imprescindible para avanzar en la profesionalización y desgobernamentalización de los medios públicos y garantizar el acceso de la ciudadanía a una información veraz, plural e independiente.
3. Acceso a las fuentes. El CPXG destaca la necesidad del derecho de los/las informadores/as a tener acceso a la información. Para eso es crucial elaborar una ley de transparencia informativa que garantice el acceso a la información pública. Sin ella, la información recibida por la ciudadanía puede ser sesgada y estar, por lo tanto, negándoseles un derecho básico.
4. Bloques electorales. El CPXG quiere recordar a los partidos concurrentes a las elecciones que la información no puede estar sometida a los criterios de emisión de propaganda electoral que determine la Xunta Electoral. Tampoco puede estar restringido el acceso libre de cámaras y redactores/las a los actos públicos, bajo la excusa de que la organización facilita ya las imágenes o el contenido de las intervenciones. Ambas prácticas impiden que lo/la periodista pueda ejercer su papel de mediador/a, de responsable de la información. En el primero de los casos, quien debe velar por el carácter democrático y plural de la información tienen que ser organismos independientes de defensa del derecho a la información, como son los Consejos Superiores del Audiovisual.
5. Ayudas a los medios gallegos. El CPXG elaboró una propuesta para las ayudas a los medios gallegos que, en su momento (http://xornalistas.gal/novas-eventos/nuevas/propuesta-del-colegio-de-periodistas-para-obxectivar-la-concesion-de-ayudas-a los-medios/), entregó a todos los grupos parlamentarios. Se realizó con la perspectiva de contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema de comunicación y a su democratización, que tendrá en la calidad, en el pluralismo y en la diversidad de modelos su verdadero norte.
6. Publicidad Institucional. Al hilo del anterior punto, el Colegio de Periodistas tiene en perspectiva a realización de unas jornadas en las que establecer los criterios y reglamento de la publicidad institucional.
7. Consejo de la Comunicación de Galicia. El Código Deontológico del Periodismo Gallego, elaborado por el CPXG y aprobado por unanimidad en Asamblea General, señalaba la necesidad de la creación de un Consejo de la Comunicación de Galicia, organismo arbitral, representativo, plural e independiente de los poder públicos que defienda la sociedad de los intentos de limitar el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y de información, mediante actos u opiniones dirigidos a restringir o influir lesivamente en la libre actividad de los medios de comunicación y de quienes trabajan en ellos.”
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