La SGHN considera que la ley de fomento de la implantación empresarial del PP es un «regalo envenenado» para la ciudadanía
La entidad científica sin ánimo de lucro considera que en el texto de la norma están "clamorosamente ausentes" los principios de "desarrollo sostenible en base a criterios sociales, económicos y ecológicos, la protección del patrimonio natural y cultural y la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas afectados por las iniciativas empresariales".
La Sociedade Galega de Historia Natural valora esta Proposición de Ley (PDL) del Partido Popular como un «potente paquete de incentivos a la instalación de empresas que se presenta envuelto con 82 páginas de regalo» en el que «ciertamente llama la atención» que «más de la mitad» del texto propuesto sea de disposiciones finales con el objetivo de modificar hasta una docena de leyes la mitad de las cuáles «es posterior al año 2010» y entre las que se incluyen las relativas al patrimonio natural y a la conservación de la naturaleza.
UNA «PROPOSICIÓN INDECENTE»
Sin embargo, para la ciudadanía, las organizaciones sociales y el medio natural -insisten- también hay un regalo, pero en este caso «envenenado», dado que se dan incluso mayores facilidades para la expropiación forzosa «al declarar de interés público actividades empresariales estrictamente privadas», se «reducen a la mitad los plazos de información pública para los proyectos sectoriales declarados urgentes», y se abusa del «silencio administrativo positivo» y se elimina el trámite de autorización administrativa para muchos tipos de aprovechamientos forestales, que será únicamente sustituído por una «declaración responsable» por parte de quién la realiza.
De igual manera se pretende eliminar la autorización previa de la Consellería de Medio Ambiente para los aprovechamientos madereros en los espacios de la Red Natura 2000, «incumpliendo así -a juicio de la SGHN- la Directiva Hábitats, la Ley estatal 42/2007 y el propio Plan Director de la Red Natura 2000 en Galicia».
Además, se pretende dejar a juicio del órgano minero la aprobación de proyectos extractivos si no recibe en el plazo de un mes la respuesta de las otras administraciones públicas consultadas, lo que sumado a todo lo anterior y al resto de parámetros incluídos en el texto configura de manera definitiva «una proposición indecente» -concluyen desde la Sociedad Galega de Historia Natural-.
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