Asociaciones ambientales da Costa da Morte critican el apoyo de la Xunta de Galicia a la jornada organizada por la Cámara Oficial Minera sobre la Ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales
Petón do Lobo, Salvemos Cabana, Cova Crea y Ouriol do Anllóns consideran "lamentable" que el Gobierno gallego aproveche este tipo de eventos como el que se celebra este martes en Santiago de Compostela "para intentar promocionar una ley rechazada por la ciudadanía".
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Las asociaciones inciden en la temática del evento, que trata sobre las «garantías» de la «rehabilitación» de espacios mineros «siendo Galicia una de las zonas con mayores desastres ambientales provocados por el sector extractivo tal y como se puede observar en la cumbre del Monte Neme, en el entorno de la Antigua Mina de Touro o en la zona pizarrera de la Comarca de Valdeorras, lugares donde la propia Administración incumplió de manera reiterada la normativa comunitaria sobre el deber de los Estados de restaurar los terrenos de las antiguas explotaciones mineras».
Las entidades ambientalistas recuerdan que la Ley 5/2017 supone «una serie de facilidades nunca vistas para la imposición de proyectos extractivos por todo el territorio gallego» pues «se agilizan las tramitaciones tanto para la implantación de las actividades mineras como para su cese y desafección del suelo ocupado, se acortan y simplifican los períodos de información pública y se refuerza la expropiación forzosa con la utilización torticera a favor de las empresas del concepto de utilidad pública», dado que eestas «podrán incorporar a la tramitación de sus proyectos la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes o derechos que sean indispensables para la puesta en marcha de sus iniciativas, que con carácter privado pasan a tener efectos administrativos un valor mayor que los intereses de la ciudanía».
Además, desde los colectivos señana que también «se simplifica la convocatoria de concursos mineros, para agilizar la liberación de los terrenos afectados por derechos mineros caducados». Por otra parte, «la declaración de caducidad de un derecho minero comportará la declaración del terreno como franco y la inmediata puesta a disposición de las empresas interesadas, lo que en la práctica puede (y quiere) convertir a todo el territorio gallego en una mina a gran escala», algo que la Xunta «intentó vender estos últimos años» con su fracasada campaña de «Galicia es una mina».