Más de 40.000 firmas exigen el indulto de Carlos y Serafín
En la concentración del 20 de abril, en vísperas de otro Consejo de Ministros, con el de Justicia cuestionado por su actuación en los últimos casos de corrupción, se le ha recordado al ejecutivo del PP que toda Galicia -a través de sus instituciones- pide el indulto de los dos vecinos de Vigo condenados a 6 años por participar en una huelga.
Mientras en la prensa de todo el estado corren ríos de tinta sobre la corrupción que asola al partido del Gobierno, el PP, ese mismo Gobierno lleva años sin indultar a dos trabajadores injustamente condenados por su participación en una huelga sectorial, como tantos de nosotros, defendiendo los derechos de la clase trabajadora.
A pesar de las más de 40.000 firmas que llevan recogidas para que les sea concedido el indulto, de la solicitud de ayuntamientos, diputaciones, partidos políticos, sindicatos, y dos declaraciones del Parlamento de Galicia, el ministro Catalá no lleva al Consejo de Ministros la solicitud que tiene en el despacho.
Como recordaron al término de la concentración en nombre de los tres sindicatos, CIG, CCOO y UGT, «el Partido Popular está más preocupado de tapar y defenderse de sus casos de corrupción que de cumplir sus compromisos de indulto», avisando de que «se lo recordaremos cuantas veces haga falta», con manifestaciones, concentraciones «porque al contrario que los que actualmente nos gobiernan, nosotros, la clase obrera, no nos olvidamos de los nuestros». En este caso agravado por el hecho de que las condenas tienen «el único fin de reprimir a las y los trabajadores cuando defendemos nuestros derechos».
Con los habituales «Carlos, Serafín ¡Indulto ya!» concluyó la concentración en vísperas de otro Consejo de Ministros, a ver si alguna vez toman en consideración lo que es un clamor en toda Galicia, y en todo el estado. Porque el caso de Carlos y Serafín es el mismo que el de los de Airbús y el de tantas y tantos condenados en virtud de un Código Penal pensado para reprimir a la clase trabajadora. Está en manos de los grupos parlamentarios modificar o derogar el artículo 315.3 en base al cual sobre Carlos y Serafín penden 6 años de prisión. Sobre ellos y el resto de condenados por ese artículo, y sobre todos los que, en su caso, participemos en una huelga.
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