La Guardia Civil encuentra cinco mayores escondidos en un galpón del centro propiedad de Lucía Pedroso, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra.

La secretaria comarcal de la CIG-Servicios de Pontevedra, Diana Rodríguez, compareció junto al responsable de Negociación Colectiva de la federación, Pedro Pérez, para denunciar publicamente lo sucedido el pasado viernes durante una inspección rutinaria de Política Social a una residencia situada en la parroquia de Amoedo, en el ayuntamiento de Pazos de Borbén.

 

Los representantes sindicales explicaron que cuando la inspectora de la xunta accedió al centro Mi Casa, cuya propietaria y directora es Lucía Pedroso, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra, «tuvimos conocimiento de que cinco personas mayores fueron escondidas en el interior de la lavandería para que la inspección no detectase que la residencia tiene usuarios/as de más».

 

Entonces deciden darle aviso a la inspectora, que se acercó hasta la zona de lavandería para comprobar este extremo. «Allí se encuentra la puerta cerrada y pide que se la abran, negándose en todo momento la responsable de la residencia aduciendo que el cuarto está en obras». La inspectora insiste y le vuelven a prohibir el acceso, por lo que amenaza con llamar la Guardia Civil. «Le dicen que haga lo que quiera, y cuando se ausenta un momento para comunicarle al departamento autonómico que no le permiten entrar en el cuarto aprovechan para cambiar los mayores de sitio».

 

Pero el lugar escogido para esconderlos es aún peor: un galpón que se encuentra en la parte trasera del inmueble. Se trata de un habitáculo de unos dos metros de alto con tejado de uralita en el que los cinco usuarios/as de la residencia son confinados/as junto a una auxiliar. «Conocedores/as del cambio, avisamos de nuevo a la inspectora, que se acerca hasta el galpón y pide que le abran la puerta, a lo que se vuelven a negar alegando que dentro no hay nada, a pesar de que se escuchaban las voces de las personas que se encontraban en el interior». En ese momento decide llamar a los agentes.

 

La Guardia Civil encuentra los mayores

 

Solo cuando se presenta la Guardia Civil la responsable de la residencia accede a abrir la puerta del galpón, encontrándose los agentes con los cinco mayores y a la auxiliar. «Estas personas estuvieron alrededor de cuatro horas en condiciones degradantes, primero en la lavandería y luego en el galpón a más de 25 grados de temperatura, sin agua, sin su medicación e incluso sin pañales» Ante esto la CIG-Servicios espera que la Guardia Civil traslade el acta que levantó por estos hechos a la Fiscalía y al Juzgado y que la Consejería «tome cartas en el asunto, retirándole incluso la licencia».

 

En este sentido, recuerdan que se trata de una residencia personal que tiene un concierto público con la Xunta de Galicia por el que ponen 22 plazas a disposición del departamento autonómico. El centro cuenta en total con 58 plazas, pero en el momento de la inspección había un total de 63 usuarios/as. «Fue precisamente para ocultar esta sobreocupación por lo que deciden esconder a los cinco mayores, cuando a lo único que se enfrentaría en caso de que la inspección detectara la sobreocupación sería a una sanción administrativa».

 

Pero ahora las consecuencias para la propietaria del centro pueden ser mucho más graves. «Lo que hicieron es muy degradante para los usuarios/as y no se puede permitir; además, estamos convencidos/as de que no es la primera vez que sucede». Con todo, aguardan que los contactos políticos de los que presume Pedroso «no ejerzan presiones para evitar que caiga sobre ella todo el peso de la ley».

 

Entienden que el sucedido es especialmente grave al tratarse de un centro con plazas públicas y cuya propietaria ejerce como presidenta de una asociación de empresarios/as. «Pensamos que tiene que presentar su dimisión ya porque demuestra que no tiene muchos escrúpulos; de hecho ni siquiera puso el incidente en conocimiento de las familias de los usuarios/as del centro». Más bien al contrario, habría amenazado al personal del centro con despedirlos en caso de que hablaran con alguien de lo sucedido. «El personal de la residencia vive un auténtico clima de terror laboral, con amenazas constantes para que no denuncian los incumplimientos en materia de condiciones de trabajo».

 

Finalmente señalan que Lucía Pedroso, además de presidenta de la AJE de Pontevedra, es también vicepresidenta de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y vocal de la patronal española CUELE. En cuanto a su labor como empresaria, destacan que es propietaria de la residencia Mi Casa y que gestiona las empresas Gerpesa Social, Saluvi, Diacopevi y Gerprodat, vinculadas al sector de los centros de atención a la tercera edad y de ayuda a domicilio.