Coronavirus: Familiares de víctimas en residencias gallegas de mayores inician una ofensiva legal contra el Ejecutivo del PP de Alberto Núñez Feijóo por la presunta dejación de funciones de sus altos cargos

En el escrito de denuncia, al que ha podido acceder Tercera Información la entidad solicita la depuración de responsabilidades por parte de la Fiscalía por los presuntos delitos recogidos en los artículos 195, 196, 229 y 404 del Código Penal y otros que resulten de la investigación de «denegación de auxilio, abandono y omisión de socorro con resultado de muerte y lesiones, todo ello realizado de forma dolosa y con prevaricación».

REDE considera que «las víctimas fueron en buena medida provocadas por la inacción de la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade y el Servizo de Inspección de Maiores y Discapacitados», que «omitieron el auxilio» y «no socorrieron a los residentes como era su obligación, dejándolos desamparados».

Desde la Federación indican que «el incumplimiento fue sistemático» y «no se trata de un caso mínimo o episódico, sino sistemático y reiterado» en las actuaciones de estos servicios del Gobierno gallego. Además, valoran el delito como «doloso», ya que «existe un conocimiento evidente por parte de los denunciados de que ellos mismos están encargados de velar porque en las residencias se cumpla con la Ley y de perseguir el maltrato, el abandono y las conductas negligentes» y que además la situación referida también constituye un delito de omisión de socorro «ya que el mero hecho de dejar hacer ya es consumativo».

Según señalan, las actuaciones irregulares en las residencias ya venían siendo conocidas por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a través de las denuncias de familiares en los últimos años, pero aún así fueron consentidas por la actual Administración gallega.

Desde REDE señalan que tanto la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade como el Servizo de Inspección e Maiores e Discapacitados «tenían la obligación de hacer cumplir la legislación a las residencias, de inspeccionarlas, de abrirles expedientes y sancionarlas y no lo hicieron», sino que al contrario, «con su inacción provocaron que se consolidasen y se extendiesen situaciones de abandono, negligencia y maltrato, que se trabajase muy por debajo de las ratios obligadas, que se descuidase la limpieza y que por ejemplo auxiliares sin la formación apropiada hicieran funciones de enfermeras en algunas residencias».

Para el colectivo, las decisiones de los responsables de la Consellería de Política Social de los que solicitan su imputación «afectaron, en realidad, a la totalidad de los usuarios gallegos de residencias, ya que todos quedaron indefensos y fueron contrarias a la razón, a la justicia y a las leyes, y hechas desviándose de la praxis administrativa de una manera flagrante, notoria y patente», considerando que «no fueron actuaciones resultado de la aplicación del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, una voluntad injustificable revestida de una aparente fuente de normatividad».