Los nuevos proyectos eólicos de Gas Natural Fenosa respaldados por la Xunta amenazan los últimos paisajes intactos de la Costa da Morte
El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado 22 de enero el anuncio de la Consellería de Economía e Industria en el que se somete a información pública el proyecto de la nueva subestación colectora que será preciso construir con la red de Regoelle (Olveira-Dumbría) y los tendidos eléctricos asociados, vinculados a los parques eólicos Monte Tourado-Eixe/Monte Tourado, entre los ayuntamientos de Dumbría, Vimianzo y Zas.
Las líneas de alta tensión que será preciso instalar, y cuyo Estudio de Impacto Ambiental se encuentra en fase de alegaciones incluye cuatro tramos. Una primera de 66 kV y 37 metros de longitud en las inmediaciones de la subestación del parque eólico Monte Tourado; una segunda de 66 kV y 3.167 metros en el tramo proyectado para el transporte de la energía generada en el proyecto eólico Monte Tourado-Eixe; una tarcera de 66 kV y 2.392 metros para eltrans porte de la energía generada en los parques eólicos Campelo, Monte Tourado, Lagoa I y Lagoa II y finalmente una última de 66 kV de 6.526 metros de longitud que finalizará en la subestación colectora de Regoelle.
ASOCIACIONES AMBIENTALES Y VECINALES RECHAZAN LA PLANIFICACIÓN EÓLICA IMPUESTA POR EL EJECUTIVO DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
Todo esto sucede mientras continúa la polémica desatada por la Xunta de Galicia tras la autorización del proyecto Pena Forcada-Catasol II en la localidad de Laxe, frente al que asociaciones ambientales como Petón do Lobo, Salvemos Cabana, Cova Crea y Ouriol do Anllóns ultiman los correspondientes recursos por vía administrativa y judicial.
Según denuncian estas entidades, la Administración autonómica autorizó este parque eólico considerándolo como «de especial interés» sin que los afectados conocieran las razones esgrimidas por la Consellería de Insutria «sobre la especial incidencia y los supuestos beneficios del mismo» en una tramitación administrativa «confusa, dispersa y caólica» que «vulnera los derechos básicos más elementales de la ciudadanía» al pensar «exclusivamente» en el beneficio empresarial.
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