La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía publica en el BOJA actuaciones sobre las fosas franquistas de los cementerios municipales de Córdoba, Sevilla y Huelva además de otros 17 municipios andaluces

Se estiman en unos 12.000 represaliados del franqusmo solo en las tres capitales: Córdoba, Huelva y Sevilla. En concreto, las exhumaciones se desarrollarían en las fosas de los cementerios de Sevilla con 4.500 desaparecidos; de Córdoba, con 4.000 víctimas y de Huelva con otras 3.500, según una estimación de las asociaciones.

Los municipios en los que se llevarán a cabo trabajos son Alcóntar (Almería); Benamahoma y Setenil de las Bodegas, en Cádiz; Adamuz, Córdoba capital y Pozoblanco, en Córdoba; Cúllar-Vega y Víznar, en Granada; Berrocal, Cala, Cortegana y Huelva capital, en la provincia onubense; Orcera (Jaén), y Alcalá del Río, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, El Coronil, Utrera y la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, en la provincia de Sevilla.

Las actuaciones, según informó la Consejería de Presidencia, contemplan desde la indagación y la investigación histórica, la localización y señalización de espacios que pudieran albergar fosas comunes, hasta la exhumación y estudio antropológico de los restos y análisis genético que pudiera posibilitar su identificación, en caso de que fueran localizadas las fosas. Las intervenciones se iniciarán con la puesta en marcha del equipo de profesionales arqueólogos, antropólogos y forenses necesarios, así como la realización de las pruebas de ADN oportunas y que asume la ley. Asimismo, se prevé que la Junta de Andalucía solicite la colaboración de los ayuntamientos, en cuyos términos municipales se ubican las fosas. Hay ayuntamientos que ya han manifestado su postura, como en el caso de Sevilla, «que sufragará los trabajos de localización y delimitación de las fosas del cementerio de San Fernando, al tiempo que la Junta, por su parte, contemplará la exhumación de la conocida como fosa de Pico Rejas». En Huelva, «el Ayuntamiento se encargará de la intervención que permitirá recuperar los restos de Pedro Masera, asesinado en 1936». Y en Córdoba, donde el Consistorio ya está trabajando para que se «permita en un futuro el inicio de intervenciones arqueológicas en los cementerios de La Salud y San Rafael».

Según las comunicaciones de la Junta de Andalucía hasta la fecha, no se contempla la judicialización de las fosas, o lo que es lo mismo, las denuncias por crímenes de lesa humanidad correspondientes, pues según la legislación internacional, los crímenes del fascismo golpista contra la II República durante la guerra civil y la dictadura se perpetraron en el marco de una acción planificada y sistemática por motivos fundamentalmente políticos. Todas las denuncias presentadas en España tras aperturas de fosas han chocado con la llamada «Ley de Amnistía» de 1977 y -por tanto- la «prescripción» de los crímenes dictada por todos y cada uno de los jueces que atendieron esas denuncias. 

Se da la circunstancia de que Izquierda Unida, a través de su responsabilidad federal de Memoria Democrática, que coordina Esther López Barceló, y tras un amplio periodo de consultas con múltiples asociaciones y colectivos, tiene prácticamente ultimada una importante iniciativa parlamentaria para la “declaración de nulidad de la Ley 46/1977 de Amnistía”. La iniciativa, en formato de proposición de ley, declara en su artículo primero la nulidad de esta ley “en todos aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en materia de persecución de crímenes de lesa Humanidad”.

Además, el texto plantea de forma contundente la “nulidad de pleno derecho de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que supusieron condenas que atentan contra los Derechos Humanos. Quedan igualmente anuladas todas las consecuencias jurídicas de dichas sentencias”. López Barceló destacó la importancia de esta propuesta “para acabar con las consecuencias nefastas de la Ley de Amnistía con respecto a la investigación judicial de los crímenes del franquismo”.

En Andalucía contamos con el precedente de la mayor intervención en fosas de todo el país. Durante los años 2007 y 2008 se llevó a cabo la exhumación de la Fosa común del cementerio de San Rafael, en la ciudad de Málaga, la mayor hallada en España. Se estimaba que contenía los restos de 4.571 víctimas de los golpistas, habiéndose recuperado en tres años 2.840, con un 20% de mujeres, algunas de ellas embarazadas. La aparición de restos pertenecientes al menos a 40 niños también impactó mucho al equipo que desarrolla los trabajos: «No sabíamos a qué podía deberse. Desarrollamos una investigación y llegamos a la conclusión de que durante esos tiempos se habían producido graves epidemias y que los hijos de los fusilados que habían muerto como consecuencia de ellas, eran enterrados en el lugar en el que estaban sus padres». Los arqueólogos encargados de las exhumaciones barajaron la hipótesis de que muchos de los represaliados fueron trasladados al Valle de los Caídos.

A continuación, la publicación en la mañana de hoy en el BOJA;

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