La Fiscalía impide la declaración de Gerardo Iglesias en la Causa Argentina
La declaración que Gerardo Iglesias iba a prestar en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Uviéu dando cumplimiento al requerimiento de la jueza Servini de Cubría fue suspendida por la jueza del juzgado asturiano a petición del fiscal. Al parecer, esta decisión se enmarca en una instrucción de la Fiscalía General del Estado del 30 de septiembre, de obligado cumplimiento, por la que se suspenden todas las declaraciones pendientes en los juzgados españoles, impidiendo así a la Justicia Argentina llevar a cabo su labor y a las víctimas españolas el acceso a la justicia universal.
El Gobierno utiliza la Fiscalía para relizar un nuevo desprecio a las victimas.
Suspender la declaración de Gerardo Iglesias una vez presentado en el Juzgado tal y como se le notificó es, desde nuestro punto de vista, una falta de respeto y un desprecio hacia él como declarante y hacia todas las víctimas del franquismo que llevan años reclamando justicia.
Una vez más, desde el gobierno, se intenta cerrar el paso a la justicia y a la verdad. Desde La Comuna d’Asturies, miembro de la CeAQUA, seguiremos en nuestra lucha de abrir caminos y acabar con la impunidad del franquismo. Seguiremos pidiendo a la Justicia Argentina que requiera a la española para que los denunciantes asturianos puedan declarar aquí para ratificar sus denuncias.
Por supuesto que los hechos ocurridos en el día de hoy serán objeto de respuesta por parte de nuestros abogados, con la intención de que Gerardo Iglesias pueda declarar tal y como fue requerido por la jueza Servini dentro de la Querella Argentina.
IU lamenta que “la Fiscalía garantice la impunidad del franquismo y no los derechos de las víctimas” tras impedir declarar a Gerardo Iglesias por las torturas que sufrió en la dictadura
La responsable federal de Memoria Democrática de Izquierda Unida, Esther López Barceló, denuncia “la absoluta falta de respeto y el trato degradante” recibido esta mañana por el fundador y ex coordinador general de IU en un juzgado de instrucción de Oviedo
La responsable federal de Memoria Democrática de Izquierda Unida, Esther López Barceló, tacha de “intolerable cacicada” e “impresentable trato judicial” la actuación de la Fiscalía para impedir que Gerardo Iglesias, fundador y ex coordinador general de Izquierda Unida, además de ex secretario general del PCE, pudiera declarar hoy en un juzgado asturiano en relación a las torturas que sufrió durante la dictadura franquista. Para López Barceló, la actuación del ministerio público “sigue garantizando la impunidad del franquismo y no los derechos de las víctimas”.
Iglesias estaba citado a mediodía de hoy para prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo por las denuncias que realizó sobre su caso personal, tras sumarse a la querella argentina por los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante el franquismo, causa que instruye la jueza de ese país María Servini.
El ex coordinador de IU, como había informado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), iba a ser el primer asturiano en declarar por esta querella interpuesta en 2010. Iba a ser así hasta que esta mañana, apenas unos minutos antes de las 12,00h. en que había sido citado, se les comunicó tanto a él como a su abogada, Ana Messuti, que la titular del juzgado ovetense suspendía la declaración.
López Barceló denuncia “la absoluta falta de respeto y el trato degradante” recibido por Gerardo Iglesias, que pese a sus problemas de salud había hecho el esfuerzo de desplazarse hasta el juzgado, cuyos responsables podrían haberle comunicado la suspensión con la debida antelación para evitar problemas.
Se da la circunstancia de que ni Iglesias ni su representante legal han recibido esta mañana una explicación oficial de las razones de la suspensión. Izquierda Unida ha conocido por diversos medios que el motivo es una instrucción de obligado cumplimiento remitida por la Fiscalía General del Estado el pasado 30 de septiembre. En ella se ordena a todos los representantes del ministerio público en los distintos juzgados del Estado que actúen para suspender las declaraciones de los distintos querellantes citados en esas sedes judiciales competentes.
Para la responsable de Memoria Democrática de IU “se está obstruyendo una investigación judicial que se lleva a cabo en el marco de los tratados de cooperación y asistencia judicial firmados por España y Argentina. Esta actitud obstruccionista puede situar al Estado español en una posición vulneradora de tales acuerdos”.
A su juicio, “la ya conocida falta de colaboración por parte de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia en este caso, denunciada ya por lo afectados, sobrepasa ahora cualquier ‘línea roja’ con este nuevo episodio. De nuevo, algo inaceptable”.
“La hipocresía política del Gobierno en funciones del PP roza ya la esquizofrenia y el ridículo”, denuncia Esther López Barceló. La dirigente de IU señala que “por un lado el Ministerio de Justicia no tiene más remedio que tramitar los exhortos remitido por la jueza María Servini para seguir la investigación de esta causa en distintos juzgados del Estado español, mientras que por otro, a través del control que ejerce de la Fiscalía General, obstaculiza e impide de forma torticera las declaraciones de decenas de afectados, como ha ocurrido hoy con Gerardo Iglesias”.
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