6 de marzo de 2019.- La Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia ha puesto en marcha la elaboración de un censo nacional de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, necesario para cumplir el mandato de localización e identificación de las mismas incluido en la «Ley de Memoria Histórica» o Ley Orgánica 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante aquella etapa histórica.
Con ese objetivo, la Dirección General para la Memoria Histórica ha iniciado la redacción de un real decreto que creará una base central de datos que compende la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura y permita establecer estadísticamente la tipología de las víctimas en función a la distinta naturaleza de la represión sufrida.
El primer trámite administrativo de ese proceso ha sido la apertura de una consulta pública sobre la intención del ministerio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Hasta el próximo 27 de marzo, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones al respecto a través del buzón DG.Memoria.Historica@mjusticia.es.
El futuro censo de víctimas facilitará su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, así como el conocimiento de lo acaecido durante la Guerra Civil y la dictadura “de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición», según el director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López.
Respuesta a la ONU
En la actualidad, varias comunidades autónomas disponen ya de censos y bases de datos de desaparecidos, públicas o privadas, pero de características muy dispares y de gestión dispersa. El censo nacional que diseña la Dirección General para la Memoria Histórica intentará unificar en una única base de datos central las distintas fuentes disponibles sobre víctimas de la guerra y la represión franquista, así como las circunstancias particulares de cada caso: muerto en combate, detenido-desparecido, exilio, reclusión en centro de internamiento o campo de concentración,
etc…
Así, el censo nacional dará respuesta no solo al mandato de la Ley Orgánica 52/2007, sino también a distintos requerimientos realizados por del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. Este organismo, en el informe posterior a una visita girada en septiembre de 2013, reprochó a España que “existe una fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura, lo que produce confusión, entre otros, sobre el número de desapariciones forzadas. Una base de datos central es crucial para promover la transparencia, la precisión y la certeza sobre las personas desaparecidas. Se necesita disponer de datos individuales y estadísticos, en particular con el objetivo de aclarar y distinguir entre víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas”.
La elaboración de un censo de víctimas, junto a la actualización del mapa de fosas comunes procedentes de la Guerra Civil y la represión franquista, permitirá averiguar el paradero de miles de personas, en número imposible de calcular por el momento, cuya situación actual es la de desaparecidas, y proporcionar a sus herederos la reparación moral o de otro tipo a la que pudieran tener derecho.
