Joan Comorera, Senador de El Grupo del Cambio, solicita la comparecencia de la Fiscal General del Estado, por su obstaculización de la investigación sobre los crímenes franquistas
El Senador Joan Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea, ha presentado en la Mesa del Senado una solicitud de comparecencia de la fiscal general del Estado, Doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, ante la comisión de justicia, para informar sobre la instrucción instando a la suspensión de las declaraciones de los querellantes citados en diversos juzgados españoles a petición de la jueza argentina María Servini.
El 14 de abril de 2010 familiares de las víctimas de la dictadura interpusieron una querella ante los tribunales de justicia de Argentina, bajo el amparo de la legislación internacional de la ONU sobre justicia universal, por genocidio y delitos de lesa humanidad. La Fiscalía General del Estado ha boicoteado deliberadamente esta investigación y el proceso abierto oponiéndose, por ejemplo, a la extradición de cargos franquistas. También obstaculizó la posibilidad de tomarlesde claración en juzgados españoles. La Fiscalía se ampara en la Ley de Amnistía y en que los delitos están prescritos y obvia que el Comité de Derechos Humanos ha recordado a España en numerosas ocasiones que los delitos de lesa humanidad, como las torturas y las desapariciones forzadas, son imprescriptibles.
Según la ONU, los Estados deben legislar para impedir violaciones de los derechos humanos, investigarlas “de forma eficaz, rápida, completa e imparcial”; dar a las víctimas un “acceso equitativo y efectivo a la justicia” y “proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación”. Por su parte, en septiembre de 2010, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestó que la Ley de Amnistía chocaba con la “Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” de 1992, que impondría a España la obligación de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de desapariciones.
El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos. La Ley de Amnistía contradice, entre otros compromisos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por España y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977. Seis meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnistía en octubre del 77. Este compromiso internacional señala en su artículo 15 que aquellas personas que cometieron actos delictivos conforme a los “principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional” pueden ser juzgados y condenados aunque no fueran hechos delictivos según el derecho nacional en el momento en el que se cometieron.
Por tanto, tal y como afirma Joan Comorera Estarellas, “nos encontramos pues con un posicionamiento de la Fiscalía General que no es compatible con un Estado Democrático y de Derecho, que niega que víctimas de graves violaciones de derechos humanos accedan a la administración de justicia”. A día de hoy, hasta la propia Unión Progresista de Fiscales se ha manifestado a favor de investigar los crímenes del franquismo:
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