La Fiscalía General maniobra para que la Justicia argentina no pueda investigar la represión franquista, como ha quedado patente con las trabas para que Gerardo Iglesias no declare

El equipo de Memoria Histórica de la CGT, y el conjunto de la organización anarcosindicalista, está indignada con lo ocurrido en el día 4 de octubre cuando el exdirigente político, Gerardo Iglesias, iba a declarar por las torturas que sufrió durante el franquismo. Ya es conocido que el ministerio fiscal intervino solicitando la suspensión de la declaración siguiendo las instrucciones de la Fiscalía General del Estado en la que se pide que no se dé trámite al auxilio judicial internacional para investigar si los delitos denunciados en este procedimiento son delitos de lesa humanidad y, dejan caer que son delitos que se tienen que juzgar en España y están prescritos.

Estamos viviendo cómo desde las instituciones del Estado se ampara a los imputados por los crímenes franquistas en la querella argentina. No nos sorprende porque es evidente que las estructuras franquistas no fueron desmontadas al finalizar el régimen dictatorial y han seguido instalados en las cúpulas económicas y políticas las mismas familias que campaban a sus anchas durante la dictadura. Cada vez queda más patente que hubo un gran pacto entra la vieja y la nueva clase dirigentes para dejar impunes todos esos crímenes y no rehabilitar debidamente a las víctimas.

Pero la justicia internacional está detrás de los hechos que sucedieron en este país desde 1936 hasta 1978. Por falta de ruptura nosotros, desde la CGT, siempre hemos reclamado que las violaciones de derechos humanos producidas con posterioridad se consideren como una continuación de aquel régimen y, por tanto, incluidas en la estrategia de represión al contrario sin respeto a los mínimos derechos humanos.

La CGT, como integrante de la plataforma CeAqua, respalda las actuaciones judiciales que se lleven a cabo por los abogados de la querella. Y denunciamos que, precisamente, ha sido cuando han llegado los exhortos para la declaración de los imputados (Martín Villa, Utrera Molina, etcétera) cuando la fiscalía se ha interesado por un proceso en el que, por la falta de atención y respeto de estas autoridades judiciales, las víctimas del franquismo han tenido que acudir al principio de justicia universal y buscar esa justicia en Argentina.

La ONU, en distintos organismos, ha declarado la falta de legalidad de la ley de amnistía del 77 y su necesaria derogación. Pues ésta es de nuevo invocada por la Fiscalía para tumbar el derecho a justicia de las víctimas. La impunidad del franquismo caerá, aquí o en las instituciones internacionales. No podemos esperar a que todos los culpables estén muertos porque seguiremos persiguiendo las fortunas que han logrado de forma ilegal e ilegítima.

Por supuesto que la CGT no va a dar por cerrado el asunto de la represión franquista, brutalmente ejercida sobre el pueblo español durante casi 40 años, hasta que toda la verdad sea conocida, los culpables condenados (aunque para muchos casos ya sólo sea una condena moral) y las víctimas rehabilitadas en todo los sentidos; incluida la anulación de las sentencias franquistas.