La jueza archiva las diligencias de la fosa 113 de Paterna, donde se hallaron doce víctimas del franquismo

El auto del juzgado argumenta que el forense reconoce que los restos humanos tienen más de 20 años de antigüedad, que han «transcurrido aproximadamente 70 años» desde los asesinatos y que «escapan del reproche penal». Esto significa que se revoca la decisión de judicializar las identificaciones de los primeros 12 cuerpos, la orden al Instituto de Medicina Legal de València y a la Policía Nacional para que «tomarán cartas en el asunto».

La jueza afirma que la labor de la comisión judicial era examinar el contenido de la fosa con el fin de que se informara de si podría tratarse de restos humanos de antigüedad inferior a 20 años. Tras comprobarse que se trata de restos humanos con más de 70 años de antigüedad, la magistrada determinó que «la única finalidad» de esta personación se había cumplido.

La Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 113 del Cementerio de Paterna informaba ayer, a través de Santi Vallés, su presidente, de que esta noticia ha supuesto para ellos una «desilusión enorme» y «un duro golpe para todas las familias al ver cómo el Estado dejará de asumir la responsabilidad» sobre la exhumación e identificación de los 60 cuerpos que se esperan encontrar en la fosa.

La jueza no supone, por tanto, ninguna excepción al comportamiento habitual de la judicatura española, que cumple estrictamente con la llamada «Ley de Amnistía» de 1977. Esta ley nació con la finalidad última de blindar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista para señalarlos como «prescritos» a pesar de que estos crímenes nunca prescriben según la legislación internacional por enmarcarse en un genocidio planificado por el ejército sublevado y la dictadura. En una sentencia de 2012, el Tribunal Supremo rechazó la posibilidad de investigar en sede judicial española los crímenes del franquismo calificando esta ley de «punto final» como un “pilar básico e insustituible de la transición española”.

Todo ello a pesar de los reiterados llamamientos desde Naciones Unidas a derogarla, el último en julio de 2015. El Comité de la ONU es claro al mostrar su «preocupación por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias«.

Según cuenta Santi Vallés, esta decisión también supone que el Estado no se hará cargo de los gastos que supone la identificación de los restos humanos. «Económicamente era una ayuda para nosotros y moralmente una gran alegría», apunta.

Los trabajos de excavación van a continuar a partir de ahora, aunque, según explica Vallés, «volveremos a presentarnos a las ayudas de la Diputación para costear las identificaciones». Asimismo, el presidente cuenta que ellos confían en que la justicia «reconsidere la decisión. Es muy duro, no están actuando como tienen que actuar».

Tras el fallo de la jueza, Vallés ha anunciado que la asociación estudia interponer un recurso contra este archivo judicial. «Vamos a continuar luchando para alcanzar la verdad, la justicia que es lo que buscamos. Es una obligación de todos», sentencia.

Así, el Estado español continúa incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mientras la ONU «reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del pacto».