El Gobierno vuelve a esquivar pedir a los obispados cumplir con la retirada de símbolos franquistas

espués de derivar el Gobierno, en anteriores respuestas toda la responsabilidad en hacer cumplir a la iglesia con la retirada de símbolos franquistas, el senador de Compromís copió la respuesta dada por el Gobierno y formuló esta pregunta: 
 
Ante la negativa de muchos obispado por eliminar la simbología franquista o Elementos de exaltación del régimen genocida, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno al respecto?
El Gobierno responde copiando parte de la ley 52/2007, la cual este senador conoce, y no responde a lo preguntado.
Y también se contesta:
Por su parte, cabe señalar que el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, establece, como una de las funciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la proposición y, en su caso, acuerdo, en el ámbito de competencias de dicho Ministerio, sobre la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva de la guerra civil o de la dictadura y, de acuerdo con las administraciones competentes, la adopción de las medidas necesarias para su ejecución.
Por ello se pregunta, dentro de estas funciones del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, va a tomar alguna iniciativa ( el ministerio, no las CCAA) Ante la negativa de muchos obispados por eliminar la simbología franquista o elementos de exaltación del régimen genocida?
 
El Gobierno ha contestado ahora: RESPUESTA: En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se señala que la proposición, y en su caso acuerdo, sobre la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva de la guerra civil o de la dictadura y la adopción de las medidas necesarias para su ejecución, de acuerdo con las administraciones competentes, corresponde a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
 
Todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y de las funciones asignadas a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Para Mulet, esta  respuesta es una nueva tomadura de pelo hacia este senador, y hacia las Cortes Generales, “se responde con lo que ya vienen enumerado en la pregunta, no aporta nada, no da cuenta de lo preguntado. La falta de respuestas dignas por parte del Gobierno a preguntas formuladas sobre temas de memoria histórica es más que preocupante”, por ello reiterado hoy la pregunta “La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, u otro organismo de la Administración General del Estado o el Gobierno,  va a tomar alguna iniciativa (el ministerio, no las CCAA) Ante la negativa de muchos obispados por eliminar la simbología franquista o elementos de exaltación del régimen genocida?»
 
Mulet ha recordado que  “todavía hoy en día, 13 años después de aprobar la ley, se demuestra esta fue insuficiente puesto que existen casos sangrantes, de incumplimientos  en cientos de casos, y el Gobierno no tiene instrumentos para actuar; donde exista una autonomía vanguardista en la ley existirá un régimen sancionador, y donde no, pues total impunidad, ¿Qué ley estatal es esta, pues?.

Mulet precisamente envió en septiembre de 2018 una carta formal a  los 70  obispos de todas las diócesis españolas y al Papa Francisco en el Vaticano, en la que les pidió  implicación en la desaparición de toda clase de simbología franquista que todavía continua en los templos de su demarcación, dando instrucciones a los responsables de cada parroquia para que cataloguen su existencia y las retiren “algo que a buen seguro será agradecido por muchos ciudadanos”.

La coalición ha conseguido ya la retirada de miles de nombres de calles, monumentos y símbolos que incumplían la Ley de la Memoria Histórica mediante una campaña que ha consistido simplemente en remitir comunicación a los ayuntamientos instándoles a cumplir la Ley, “con lo que hemos conseguido eliminar y modernizar nomenclatura de calles, placas, títulos, simbología varia que atentaba contra la memoria democrática”, explica Mulet.

En muchos municipios la respuesta que recibe el senador es que las placas de exaltación del franquismo “están ubicadas en las paredes de sus iglesias, ermitas o templos religiosos católicos de diversa índole, por lo que el alcalde o alcaldesa de turno se ve incapacitado para retirar estos símbolos. En otros casos, la autoridad municipal ha comunicado esta petición al párroco o autoridad del templo, sin éxito o directamente no se han atrevido o no han querido solicitar este cambio”, añade, “la obligación de la normativa vigente hacia las administraciones públicas que las obliga a tomar medidas oportunas para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. “Esta legislación no afecta a una entidad como la Iglesia, ya que no es una administración pública, pero pensamos que el mantenimiento de estas placas en las iglesias y templos, atenta gravemente contra la memoria democrática y humilla a las víctimas del régimen franquista y sus familiares”.

“La Iglesia, como titular de estos inmuebles debe conciliar fe y razón, orientar sus fachadas al amor y a la concordia y no al nacionalcatolicismo del pasado, que debió de acabar en 1975”, ha agregado.  Desgraciadamente, en muchos de los requerimientos a municipios como  Siétamo, Alcalá de Ebro, Vila-real, Almassora, Plasencia de Jalón, Llucena del Cid, el Toro, Cinctorres, Calatorao, Villahermosa del Río o Adahuesca, por citar algunos, aunque existen muchos más por toda la geografía, los ayuntamientos se escudan en que estos símbolos están en fachadas de templos religiosos, alguna veces ni siquiera le piden a la iglesia actuar, y en otras, es la iglesia quien no se da por aludida.

Los obispos no contestaron, excepto de dos diócesis catalanes afirmando no existen en sus Iglesias estos símbolos, o la del obispo de Teruel y Albarracín  hablando de la quema de Iglesias durante de la guerra. Ahora, de nuevo, el Gobierno evita cualquier exigencia a la iglesia y rebota la responsabilidad a las autonomías, mientras en centenares de iglesias perviven símbolos franquistas.”