Juan Andrade: la legalización del PCE
La campaña prolegalización impulsada por el PCE tuvo tres ejes. El primero fue vincular la legitimidad de las primeras elecciones a la participación en ellas de todas las fuerzas políticas. Si los comunistas eran censurados de la convocatoria, la credibilidad democrática del gobierno, de las organizaciones políticas participantes y del conjunto del proceso de cambio se vería mermada. Por otra parte, el PCE hizo ostentación de su sentido de la responsabilidad para atemperar el ánimo de los más reacios, dejando bien claro que pasaría por los cauces establecidos y que frenaría todo conflicto innecesario. Su ejemplar y sosegada respuesta al brutal asesinato de los abogados laboralistas de Atocha corroboró este talante. Finalmente apeló a la normalidad y estabilidad disfrutada en otros países democráticos, como Francia e Italia, donde los partidos comunistas tenían una representación institucional considerable.
El proceso de legalización del PCE, en unas condiciones tan difíciles, entrañó cambios de envergadura en su discurso. El más evidente fue la aceptación de la monarquía y sus símbolos. El compromiso entre el PCE y el gobierno sobre estos temas parece ser que se selló en la reunión que Adolfo Suárez y Santiago Carrillo mantuvieron en casa de José Mario Armero el 27 de febrero de 1977. Los problemas interpretativos sobre este hecho se deben a la ausencia, por ahora, de fuentes escritas que certifiquen lo que allí se debatió. La única manera de aproximarse a ello es recurriendo a las memorias o a las declaraciones posteriores de ambos o bien deducirlo, con ciertos riesgos, de la trayectoria posterior de sus respectivas organizaciones. Ambas cosas invitan a pensar que el acuerdo no sólo giró en torno a la aceptación de la monarquía por parte del PCE a trueque de su legalización inmediata, sino que debió centrase también en la exigencia al dirigente comunista de que hiciera frecuentes esfuerzos de contención para favorecer el modelo de cambio reformista. A tenor de lo sugerido por Carrillo en sus primeras memorias de principios de los noventa, no así en sus libros posteriores, en esta reunión con Suárez utilizó como aval de la negociación la futura función estabilizadora de su partido:
Suárez reconocía, sin ambages, nuestro papel en el antifranquismo y evidentemente no tomaba demasiado en serio el de otros sectores de la oposición. En definitiva se dio cuenta de que nuestra legalización significaba también que nosotros nos comprometíamos con el éxito de la transición y ésta podía ser una aportación importante dada la influencia y la disciplina del partido. Tuve la impresión de que captaba esta noción que trataba de trasmitirle con mis argumentos.
La operación convenía aparentemente al PCE, pero resultó mucho más beneficiosa para Suárez. La inclusión del PCE legitimaba todavía más el proyecto reformista de Suárez al lograr que lo respaldara uno de sus mayores antagonistas ideológicos. La legalización del PCE es un acontecimiento fascinante para la politología, un acontecimiento en el cual cada una de las partes negociantes dio a la otra aquello de lo que adolecía. La negociación entre el PCE y el gobierno fue en la práctica un intercambio de legalidad por legitimidad. El gobierno concedió al PCE la legalidad procedente del Estado franquista, pues la legalidad en la política moderna solo procede de los estados, mientras que el PCE, en tanto que principal partido del antifranquismo, transfirió al gobierno la legitimidad procedente de la lucha por la democracia, y esta legitimidad fue, como se ha dicho, tremenda, pues la mejor forma que tiene un poder de legitimarse es logrando el reconocimiento a su autoridad por parte de aquellos sectores u organizaciones que teóricamente se encuentran más distantes. Del mismo modo Suárez lograba integrar en el proceso a un PCE ideológicamente desnaturalizado y políticamente maniatado; ideológicamente desnaturalizado al renunciar de facto a su republicanismo y políticamente maniatado al renunciar tácitamente a explotar hasta sus últimas consecuencias lo que constituía su principal activo, la capacidad de movilización de su base social.
La legalización del PCE fue uno de los acontecimientos más relevantes, tensos y decisivos de la Transición. El 9 de abril, sin previo aviso, el gobierno hizo pública la decisión de legalizar al Partido Comunista de España. Las reacciones más virulentas procedieron de la derecha política y de la cúpula militar. El caso más sonado de repulsa a la decisión adoptada fue la dimisión en señal de protesta del ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga. El país estuvo en vilo los días siguientes por temor a que la legalización del PCE incitara a un golpe involucionista.
El 14 de abril se reunió el Comité Central del PCE. Se trataba de la primera reunión de este órgano en la legalidad después de la dictadura. Fue en ese pleno ampliado del Comité Central donde el PCE reconoció oficialmente la unidad de España, la monarquía y la bandera bicolor. Los miembros del partido que acudieron a la reunión no tenían constancia de que en ella se fuera a plantear semejante decisión, ni mucho menos sabían que el compromiso con la monarquía ya lo hubiera sellado tiempo atrás el secretario general. Avanzada la sesión, Santiago Carrillo tomó la palabra y, repentinamente, en tono solemne, dijo:
Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy antes de la guerra. En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va a la democracia o se entra en una involución gravísima que afectaría no sólo al partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición, sino también a los reformistas e institucionalistas. Creo que no dramatizo; digo en este minuto lo que hay.
A continuación leyó la resolución que traía preparada y que inmediatamente después se hizo pública en rueda de prensa:
[…] Si en el proceso de paso de la dictadura a la democracia la monarquía continúa obrando de una manera decidida para establecer en nuestro país la democracia, estimamos que en unas próximas Cortes nuestro partido y las fuerzas democráticas podrían considerar la monarquía como un régimen constitucional y democrático […]. Estamos convencidos a la vez de ser enérgicos y clarividentes defensores de la unidad de lo que es nuestra patria común.
La resolución se aprobó inmediatamente después sin ningún voto en contra, tan sólo con 11 abstenciones procedentes básicamente de vascos y catalanes. En este Comité Central el PCE selló su compromiso definitivo con la reforma y adquirió el compromiso de no cuestionar la forma de Estado impuesta. Se trató, por tanto, de un cambio discursivo extraordinario: el PCE, antimonárquico por naturaleza, asumía la defensa de la monarquía instaurada por Franco. En sus memorias Santiago Carrillo justificó la decisión en los siguientes términos. Para el secretario general el debate sobre la Jefatura del Estado habría dividido a la oposición en un momento en el que la unidad seguía siendo necesaria para negociar desde posiciones fuertes con el gobierno. La reclamación de la República habría animado a los involucionistas a dar un golpe de Estado bajo pretexto de socorrer a la institución monárquica. La disputa habría revitalizado en la sociedad española la división de los años treinta, lo cual iba en contra de lo propugnado por la política de reconciliación nacional. Y además, en caso de un hipotético referéndum, Carrillo no dudaba de que el resultado habría sido desfavorable para la opción republicana. No obstante, en el caso de la aceptación de la monarquía se puso especialmente de manifiesto una práctica que caracterizó al discurso del PCE durante la Transición, y que no fue otra que la de hacer en muchos casos de la necesidad virtud. Y es que algunos dirigentes del PCE, más que concebir la monarquía como una institución que el partido había aceptado forzosamente a cambio de la legalización, terminaron expresando un respaldo positivo a la misma, con el argumento de que la reducción de sus competencias y su compromiso con la democracia la hacían incluso compatible con el desarrollo de políticas socialistas.
En definitiva, la legalización del PCE entrañó una importante coacción ideológica para el partido, en virtud de la cual se difuminó su republicanismo, entendido éste no sólo como apuesta por una forma de Estado, sino como toda una cultura cívica ligada a esa concepción del Estado. El deseo añadido de racionalizar políticamente la aceptación de la monarquía redundó todavía más en la difuminación de esa cultura.
El texto de esta entrada es un fragmento del libro “El PCE y el PSOE en la Transición” de Juan Andrade
El PCE y el PSOE en (la) Transición – Juan Andrade
Durante la transición española los dos principales partidos políticos de la izquierda experimentaron una acusada y acelerada transformación ideológica. El Partido Socialista Obrero Español pasó de la enfática y retórica afirmación de un socialismo de resonancias marxistas a la apuesta por una nueva concepción menos formalizada que osciló entre la socialdemocracia y el liberalismo social. Por su parte, el Partido Comunista de España se distanció significativamente de la ortodoxia marxista-leninista para impulsar un nuevo fenómeno ideológico, el eurocomunismo, que entró en bancarrota al final del proceso. En apenas un quinquenio ambos partidos experimentaron cambios significativos y en cierta forma convulsos en sus formulaciones doctrinarias, y lo más llamativo es que estas variaciones se expresaron en los escritos e intervenciones de los mismos dirigentes políticos.
De forma paralela ambos partidos diseñaron trayectorias inversas a lo largo de la transición. El PCE inició el proceso siendo el partido más numeroso, activo e influyente en la lucha contra la dictadura y lo terminó roto en pedazos y con unos resultados electorales catastróficos. Por su parte el PSOE lo inició siendo una fuerza desnaturalizada y marginal en el conjunto de la oposición activa al Régimen y lo concluyó con una abrumadora mayoría absoluta en las elecciones de 1982. En definitiva, ambos partidos intervinieron activamente en un proceso de cambio institucional durante el cual terminaron cambiando ellos mismos. En El PCE y el PSOE en (la) Transición se analiza la relación problemática que la izquierda mantuvo en la transición con sus tradiciones doctrinales y se ponderan los complejos factores que motivaron su acusado cambio ideológico.
Video: Otra Vuelta de Tuerka – Pablo Iglesias con Juan Andrade
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