Informe: De las leyes de memoria autonómicas
Y la ausencia de una política estatal comprometida con las víctimas del franquismo.
Desde el 2009, las Comunidades Autónomas vienen legislando sobre la memoria histórica. En concreto en Cataluña se aprobó la Ley 10/2009, de 30 de junio, sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes, en Navarra la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 y en las Islas Baleares la Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, mientras que en Andalucía, Extremadura, Aragón y Comunidad Valenciana están pendientes de aprobación parlamentaria nuevas leyes de memoria histórica o de fosas del franquismo.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria celebra que por parte de las comunidades autonómicas se haya advertido la necesidad de dar una respuesta normativa a las demandas que desde los colectivos de víctimas del franquismo, asociaciones memorialistas y organizaciones pro derechos humanos vienen exigiendo al Estado español. De igual modo, lamentamos la oportunidad perdida por las fuerzas políticas que aprobaron la conocida como Ley de Memoria Histórica en el Parlamento español en el año 2007, organizaciones que guiadas por el posibilismo y el oportunismo político, lejos de aprobar una ley que diera amparo a las víctimas del franquismo, apostaron por una ley que venía a apuntalar el muro de impunidad construido con los pactos de silencio y olvido consensuados en la Transición y la ley de Amnistía del 77, como bien demuestra la situación actual. El Estado español en 2017, tras 40 años de democracia, continúa incumpliendo los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado y desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales, particularmente de las Naciones Unidas.
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