Garzón firma en nombre de IU la iniciativa para que la fiscal general explique “por qué pretende impedir” que las víctimas del franquismo declaren en la querella argentina

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha firmado en nombre de esta formación la petición de comparecencia registrada esta mañana en el Congreso para que la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, comparezca en la Cámara Baja para explicar “por qué pretende impedir que los juzgados españoles tomen declaración a las víctimas e imputados en la querella argentina sobre los crímenes del franquismo”.

Esta iniciativa parlamentaria está también avalada por las firmas de lo/as portavoces de las confluencias en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos -En Comú Podem y En Marea-, así como por los de los grupos parlamentarios de ERC y PNV, además de las formaciones Comprimís, EH Bildu y PDC, integradas en el Grupo Mixto.

Izquierda Unida ha denunciado ya la actuación que mantiene la Fiscalía General del Estado en relación a la querella argentina por los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante el franquismo, causa que instruye la jueza de ese país María Servini. La responsable federal de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, la ha considerado “muy grave” y denuncia que “con carácter general, las últimas decisiones de la Fiscalía en este caso ponen de manifiesto su clara vinculación con el poder político, dado que en este procedimiento coinciden todas las decisiones y argumentos de ambos. Es insostenible en un sistema constitucional esta dependencia Fiscalía-Gobierno”.

Para IU, la ‘luz de alarma’ la encendió la orden dada por la Fiscalía para provocar la suspensión de las declaraciones de los querellantes que la jueza Servini había citado ante diversos juzgados del Estado español para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista pueden considerarse de genocidio y lesa humanidad. Esta orden se canalizó a través de una instrucción de obligado cumplimiento remitida el pasado 30 de septiembre para que los representantes del ministerio público en todos los juzgados actúen para suspender esas declaraciones.

El primer afectado en la práctica de esta orden fue Gerardo Iglesias, fundador y ex coordinador general de Izquierda Unida, además de ex secretario general del PCE, al que el pasado martes se impidió declarar en un juzgado de instrucción asturiano en relación a las torturas que sufrió durante la dictadura franquista sin darle ninguna explicación formal del motivo de ello.

Se da también la circunstancia de que esta suspensión de declaraciones alcanza también a las que deberían hacer la casi veintena de cargos y representantes del franquismo imputados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. La Fiscalía alega para ello la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, la supuesta prescripción de los delitos y el argumento de que el franquismo, en caso de poder ser juzgado, debería serlo en nuestro país y no en ningún otro como Argentina.

Esther López Barceló valora en nombre de IU que, legalmente, “el argumento de la Ley de Amnistía o la supuesta prescripción de los hechos no pueden servir para evitar la declaración de testigos, como es el caso. Que los hechos hayan sido amnistiados o estén prescritos es algo que tendrá que decidir el juez, a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes, entre ellas la declaración de los testigos”.

“Esto no puede utilizarse de antemano por la Fiscalía -apostilla la responsable de Memoria Democrática de IU- para, precisamente, impedir la investigación. La amnistía y la prescripción se declaran al final del proceso, no en su inicio”.

López Barceló advierte de que “la actuación de la Fiscalía es muy grave, primero porque debe garantizar los derechos fundamentales, mientras que aquí niega la posibilidad de que los querellantes ejerciten sus derechos en este proceso judicial. En segundo lugar, porque obstruye una investigación judicial realizada en el marco de los tratados de cooperación y asistencia judicial firmados por España y Argentina. Su actitud obstruccionista puede situar al Estado español en una posición vulneradora de tales acuerdos”.