Impunidad

La lucha por la memoria histórica en nuestro país tiene diversas facetas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es combatir la impunidad. En este artículo pretendemos realizar una reflexión sobre este concepto.

Impunidad viene de impunitas, es decir, sin castigo, en latín. Se trataría de la situación en la que el autor de un delito no ha recibido condena alguna a la que sería acreedor. Es, por lo tanto, como decíamos en latín, la ausencia del castigo, de sanción. En nuestro mundo se trataría de un fenómeno con diversas repercusiones no sólo legales, sino también políticas, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas. La impunidad tiene una estrecha relación con los derechos humanos y, por eso, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha establecido una clara definición, al respecto: la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal de los autores de violaciones de derechos humanos, además de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser hallados culpables, recibir condena y posibilidad de que las víctimas reciban indemnización.

La lista de violaciones de los derechos humanos en el último siglo, por no pretender ir más lejos, es casi infinita. La impunidad, sin serlo tanto, se acerca a la misma calificación. Y lo es porque muchas de esas violaciones son amparadas por el poder, porque aún son muy débiles los resortes  para poner en marcha o activar los mecanismos de investigación y procesamiento penal, o porque los mecanismos procesales son inadecuados, y porque se conceden beneficios y amnistías a los culpables de las violaciones, a pesar de lo que dicta el derecho internacional sobre la no prescripción de estos delitos.

Si aplicamos estas nociones a la situación española observamos que encajan a la perfección. En primer lugar, en España se perpetraron gravísimas violaciones de los derechos humanos desde el comienzo de la guerra civil hasta septiembre de 1975, cuando menos, con derivaciones posteriores. En segundo lugar esas violaciones fueron promovidas o amparadas por el poder. En tercer lugar, los resortes del poder, ya democrático, para poner en marcha las investigaciones y procesamientos penales más que inadecuados han sido torpedeados sistemáticamente, con graves repercusiones personales para algunos de los que se atrevieron a ponerlos en marcha. Y, en cuarto lugar, en nuestro país hubo una amnistía que amparó las violaciones. No creo que haya que hacer muchos comentarios, y creo que es muy difícil rebatir estas cuestiones. Solamente nos resta decir que no creo que el argumento sobre abrir heridas sea muy válido porque pueda generar conflictos. El mayor conflicto es el que padecen las víctimas y sus allegados. La justicia y el reconocimiento del que sufre son pilares de una democracia. En esa tarea, con modestia pero sin descanso, nos encontramos.